Aumenta presión sobre Gobierno mexicano por caso de estudiantes desaparecidos

Paula Escalada Medrano

México, 10 oct.- La presión sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto para que esclarezca el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala crece cada día, tanto por parte de la sociedad mexicana como de organismos internacionales, cuando se cumplen dos semanas de la trágica noche del 26 de septiembre.

Nuevamente hoy Peña Nieto se refirió al tema y dijo que el Gobierno mexicano ha asumido su "responsabilidad" para esclarecer el caso y trabaja "con determinación" para hacer que los responsables "de estos actos inhumanos y de barbarie respondan ante la ley".

En una intervención en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el mandatario dijo que "es inaceptable que en un Estado democrático de derecho como México pueda haber localidades con vacíos de autoridad y, peor aún, con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes".

Se refirió así a lo sucedido la noche del 26 de septiembre, cuando policías de Iguala atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (para maestros de primaria), con saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.

Pese al interés del mandatario por mostrar en los últimas días su preocupación por un caso que también ha conmocionado a la comunidad internacional, la lentitud de las investigaciones está desesperando a una sociedad mexicana que exige respuestas.

Según las últimas informaciones proporcionadas por el fiscal general de México, Jesús Murillo, suman ya casi 40 los detenidos por los ataques, todos autores materiales.

En el día de ayer se informó de la detención de cuatro personas que llevaron al hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas señaladas como el lugar en el que habrían sido enterrados los estudiantes.

Murillo confirmó hoy que entre los arrestados está el hermano de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, por sus presuntos vínculos con el cártel Guerreros Unidos, que al parecer reinaba en el municipio. Ambos, marido y mujer, permanecen en paradero desconocido.

En México todavía no se conocen detalles sobre el contenido de estas fosas, ni tampoco sobre los 28 cuerpos encontrados el pasado sábado en cinco fosas cercanas a Iguala, una ciudad ubicada en el sureño estado de Guerrero.

Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aportó hoy desde Ginebra un nuevo dato al señalar en un comunicado que los cuerpos, que aparecieron calcinados, "presentan lesiones de bala y de objetos contundentes".

Y es que un grupo de expertos de este organismo visitó la semana pasada la zona de las fosas y el Servicio Médico Forense de Iguala.

"Lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un Estado de derecho", apuntó el organismo e instó a las autoridades mexicanas a centrar sus esfuerzos en dar con el paradero de los desaparecidos.

Por otro lado, la sección mexicana de Amnistía Internacional (AI) lamentó en un comunicado que las familias de los estudiantes desaparecidos sigan "sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil".

Y es que los familiares critican que a los estudiantes se les está buscando más muertos que vivos. Por ello, desde hace días un grupo de familiares y otros estudiantes de la Normal recorren, acompañados de policías comunitarios, comunidades de alrededor para buscarlos.

AI denunció, además, que el equipo de peritos internacionales reconocidos por los propios familiares no han podido acceder al lugar de las fosas para realizar su trabajo.

La agrupación defensora de los derechos humanos consideró "esencial" que la fiscalía general dé "acceso inmediato e irrestricto" al equipo argentino de antropología "a todas las investigaciones forenses" que se realizan en este caso.

La fiscalía general asumió la investigación del caso el fin de semana pasado por los indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del Gobierno de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia.

Sin embargo, los trabajos de búsqueda de los jóvenes continúan a cargo de la fiscalía del estado de Guerrero.

Otra de las organizaciones que se pronunció hoy fue la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que denunció el recrudecimiento de la violencia en México con "actos que podrían constituir crímenes internacionales".

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" y pidió al Estado mexicano que localice a aquellos estudiantes cuyo paradero se desconoce, proteja su "vida e integridad personal", así como la de sus familiares e investigue estos delitos "de manera pronta, diligente e imparcial",

Y no solo la comunidad internacional está reaccionando. En México se han registrado numerosas marchas y actos multitudinarios para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes.

Los expertos temen que el malestar social incluso pueda causar actos de violencia, como los anunciados por el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

A través de un vídeo, esta organización que surgió en 1998 anunció la creación de una brigada de ajusticiamiento para enfrentar al grupo criminal Guerreros Unidos, presuntamente vinculado en los hechos violentos.

Aseguró que está en una fase de recolección de datos, propiedades e intereses del cartel, que opera en el estado del sur de México gobernado por Ángel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).