Avalan continuidad de juicio en España por matanza de jesuitas en El Salvador

San Salvador, 1 abr.- El instituto jesuita de derechos humanos de El Salvador avaló hoy la decisión del juez español Eloy Velasco de continuar el proceso contra militares salvadoreños por el asesinato de jesuitas españoles en 1989 en San Salvador, al alegar que es coherente con la reciente reforma de la justicia universal.

Velasco, juez de la Audiencia Nacional de España, decidió el lunes continuar la investigación del asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador, de un total de ocho víctimas, por considerar que la reforma de la Justicia Universal en España permite que prosiga con la causa por el delito de "asesinato terrorista".

El juez levantó, sin embargo, el procesamiento a 20 militares salvadoreños por "lesa humanidad", ya que la reforma de la justicia universal establece que un juez español sólo puede investigar este delito cuando los imputados sean españoles o residentes en España.

La decisión del juez Velasco es "coherente con lo que permite esa reforma" de la justicia universal, dijo hoy a Efe el investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) Benjamín Cuéllar.

Agregó que esa decisión "era de esperar" porque la reforma de la justicia universal en España permite mantener los procesos "cuando las víctimas son españolas".

El de los jesuitas es uno de los 13 casos de justicia universal abiertos en España.

Cuéllar, también exdirector del IDHUCA, recordó que los militares salvadoreños "ya fueron llamados a juicio" en España y reafirmó que la reforma "permite que (el juez) siga conociendo de la causa".

El 16 de noviembre de 1989, un grupo de soldados del Ejército salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana (UCA) y mató a tiros a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y el otro salvadoreño.

En el ataque también fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Los jesuitas asesinados son los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el salvadoreño Joaquín López.

En 2011, el juez Velasco pidió la extradición de 15 de los 20 militares salvadoreños implicados en la masacre tras admitir en 2009 una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad de Estados Unidos.

Sin embargo, el 8 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador denegó la extradición a España de 13 de los 15 militares incluidos en la petición de Velasco; los otros dos viven en Estados Unidos.

Uno de estos dos militares que están en Estados Unidos es el coronel Orlando Montano, quien el 28 de agosto de 2013 fue condenado a 21 meses de cárcel por perjurio en el trámite de su solicitud para obtener un régimen migratorio temporal en ese país.

Cuéllar consideró que Velasco podría dictar sentencia si Montano es extraditado a España tras cumplir su condena en Estados Unidos.

"Ahora lo que resta es que las autoridades estadounidenses que tienen detenido a Orlando Montano (...) decidan extraditarlo porque (...) con un imputado que tenga el juez Eloy Velasco ante sí allá en España el juicio continúa", manifestó.

"La condena no sería sólo para Montano", sino que "sería para todos los imputados", añadió Cuéllar.

Reiteró que, aunque no sean entregados a la justicia española, los militares imputados que siguen en El Salvador tendrán siempre "una cárcel de más de 20.000 kilómetros cuadrados" (la extensión del país).

"No creo que se atrevan a salir del país" porque, si lo hacen, las autoridades internacionales los capturarán "así como han agarrado a otros criminales", añadió.

Cuéllar consideró que esos militares deberían "colaborar con la justicia" y que, "si son inocentes, deberían contar lo que saben" acerca de la masacre, que en 2014 cumplirá 25 años.

También dijo estar de acuerdo con la decisión del juez Velasco de investigar si el juicio contra los militares en El Salvador, hace unos 20 años, "fue un mero fraude".

Recordó que, precisamente, "la base de la querella en la Audiencia Nacional de España es que lo que se hizo aquí fueron juicios fraudulentos", en los que no comparecieron todos los autores materiales y ninguno de los autores intelectuales de la masacre.