Vitoria, 12 sep.- El Ayuntamiento de Vitoria (PP) ha negado que haya desaparecido un expediente relacionado con dos empresas vinculadas con los casos Gürtel y Bárcenas, como ha denunciado hoy el PSE-EE, y ha defendido la legalidad de la gestión llevada a cabo por el exalcalde Alfonso Alonso, actual portavoz popular en el Congreso.
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Vitoria ha informado hoy de que este verano, después de que se conociese públicamente la denominada "carpeta del PP vasco" del caso Bárcenas, investigaron una contratación municipal y otras actuaciones posteriores con las empresas Sufi y Nige, ya que las fechas de los documentos del extesorero del PP coinciden con la llegada a la Alcaldía de Vitoria de Alfonso Alonso y a la Diputación de Álava del también popular Ramón Rabanera.
Los socialistas han dicho haber descubierto que en abril de 2005 el Ayuntamiento de Vitoria adjudicó a una unión temporal de empresas, en la que se encontraba Sufi, la construcción y explotación por 15 años de la planta de residuos de construcción y demolición de Vitoria, una operación que, en conjunto, los socialistas estiman puede estar valorada, al menos, entre 12 y 14 millones de euros.
Han denunciado que Sufi se llevó este concurso y que las ofertas de las otras cuatro empresas fueron desestimadas en la primera fase del proceso al no alcanzar la puntuación mínima en la oferta económica.
El equipo de gobierno municipal, sin embargo, explica en un comunicado que este expediente, que afecta a dos departamentos municipales, se solicitó en agosto, cuando el técnico estaba de vacaciones, pero que no es cierto que haya desaparecido y que se va a remitir "en breve" al grupo socialista.
El Consistorio subraya que no es cierto que en el sumario del caso Gürtel aparezca mención alguna al Ayuntamiento de Vitoria y rechaza la acusación de que la empresa Sufi pagara 330.600 euros por un asesoramiento a Nige, una empresa testaferro que aparece en la contabilidad B que la Policía le incautó a Francisco Correa, ya que se trata "de una operación privada entre dos empresas".
Los socialistas han opinado, sin embargo, que esta actuación coincide con el "modus operandi" de las tramas de corrupción, ya que ninguna administración pagaba directamente comisiones ilegales, sino que se hacía a través de una "empresa testaferro".
Respecto a la adjudicación del concurso sobre la planta de tratamiento de residuos, el equipo de gobierno subraya que se hizo en 2005 conforme a un concurso público de libre concurrencia del que resultó adjudicataria la UTE formada por Lanbide, Escor y Sufi.
El PSE también ha denunciado que el 30 de marzo de 2007, la junta de gobierno local, presidida por el alcalde Alfonso Alonso, aprobó la actualización de las tarifas que iba a cobrar la UTE gestionada por Sufi, dos meses antes de la celebración de las elecciones locales, y por ello pidieron el expediente del incremento de las tarifas de precios de la explotación, que según han afirmado, "ha desaparecido".
El Ayuntamiento señala por contra que el aumento de tarifas se produjo a solicitud de los servicios técnicos de Medio Ambiente a través de un informe en el que se aconsejaba ese incremento y destaca que el propio exalcalde socialista Patxi Lazcoz aprobó en diciembre de 2010 un incremento de precios para esta misma empresa del 3,73 %.
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