La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, investigará el millonario rescate del Ejecutivo a Plus Ultra. La magistrada ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra el actual vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el resto de miembros del Consejo de Administración del ente público a tenor de la ayuda que recibió la aerolínea de 53 millones de euros. El objetivo es esclarecer si se cometió delito de malversación con la concesión del paquete de ayudas que se aprobó el 9 de marzo antes de la llegada de Belén Gualda a la presidencia del ente adscrito al Ministerio de Hacienda.
En el auto, avanzado por El Español, la magistrada explica que incoa diligencias al no estar determinada la naturaleza y circunstancias de los hechos que denuncia el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard. Por ese motivo libra oficio a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en aras a que identifique a todos los miembros del Consejo de Administración de este órgano que componen altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Igualmente explica que actúa contra Bartolomé Lora por su condición de presidente en funciones en el momento el Ejecutivo dio luz verde a las ayudas de la aerolínea española.
El expediente de la ayuda
Entre los actuales miembros del consejo se encuentran la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón; la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva Fernández; y sus homólogas en Defensa y Energía, Esperanza Casteleiro y Sara Aagesen, respectivamente. También integran el Consejo subsecretarios de Hacienda, Transportes, Trabajo y Economía Social, Industria, Agricultura, Presidencia y Asuntos Económicos y Transformación Digital, además del Director General de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor, y el secretario General de Industria, Raúl Blanco. Igualmente, la instructora requiere a la sociedad para que remita al juzgado el expediente completo tramitado para la concesión de la ayuda.
Según los datos que maneja la plataforma Reclamador.es, la aerolínea que enlaza Caracas con Madrid y Tenerife, adeuda una cantidad que supera los 155.000 euros a sus clientes por reclamaciones de retrasos de vuelo, cancelaciones, overbooking o problemas de equipaje, entre otras cuestiones. El rescate aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo vino envuelto en polémica desde el primer momento por los vínculos de la compañía con Venezuela. La empresa está participada por Welcoming Internacional SL y Snip Aviation, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil. Esta segunda firma se vincula a Rodolfo José Reyes Rojas, un empresario ligado, a su vez, al Gobierno de Nicolás Maduro.
Desde la compañía niegan las acusaciones de monopolio en la ruta al país bolivariano mientras el Ejecutivo, por su parte, defiende la legalidad de la ayuda concedida por la SEPI recalcando que no creen que la Comisión Europea vaya a poner problemas a España. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se pronunció de esta forma a tenor de una denuncia presentada en Bruselas por el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, y matizó que el expediente que daba luz verde al millonario rescate se había hecho "de forma correcta". La ministra de Economía, Nadia Calviño, pidió por su parte que no se demonizara el gesto del Ejecutivo y se amparó en los informes internos de la SEPI.
Por ese motivo la magistrada ha decidido dar luz verde a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y ha pedido expresamente al ente público que facilite el expediente de las ayudas antes de acordar ninguna otra diligencia. La inyección de esta cuantía se produjo desde el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la propia SEPI y se suma a los autorizados para Air Europa, Duro Felguera o Avoris, empresa que fusionócon Halcón Viajes, filial minorista de Globalia.
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