El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el rescate a través del fondo de ayuda para empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de Duro Felguera y la aerolínea Plus Ultra, los únicos movimientos que se han cerrado además del de la polémica Air Europa. 120 y 53 millones de euros en ayudas que tienen conexión directa con Venezuela y cuya concesión se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones, llegando incluso a ser tildadas de "sospechosas". La aerolínea Plus Ultra, que enlaza Caracas con Madrid y Tenerife, cuenta con socios venezolanos aunque su domicilio está radicado en España, mientras que la ingeniería asturiana Duro Felguera tiene en Venezuela uno de los grandes lastres de sus cuentas
El caso de la aerolínea Plus Ultra es el más llamativo y menos esperado. Mientras la aprobación del rescate de la ingeniería asturiana tenía marcado este martes en el calendario desde hace días, el de la línea aérea pilló de sorpresa. Su nombre había salido en varias ocasiones, pero no se esperaba que fuera aprobado antes de otros que llevan meses en el candelero. Su vinculación con Venezuela es para muchos llamativa. La compañía está participada principalmente, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, por Welcoming Internacional SL y Snip Aviation.
La primera de estas sociedades está encabezada por Virginia González Zuinaga y la segunda, participada por Rodolfo José Reyes Rojas, un empresario vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Reyes es además el presidente de la firma y está acompañado en el consejo de la compañía por otros dos empresarios del país caribeño, Roberto Roselli Mieles y Raif El Arigie Harbie. Los tres llegaron, como ha adelantado 'Voz Pópuli', a la aerolínea en 2017 y solo unos meses después Plus Ultra comenzó las operaciones con Venezuela.
Estos datos han hecho que la oposición al Gobierno en el parlamento, ponga la lupa una vez más sobre el uso que se le está dando al fondo de rescate de empresas estratégicas de SEPI. Tanto es así que el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons ha registrado una pregunta ante el Parlamento europeo sobre el apoyo público que ha recibido la aerolínea que fundaron Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque tras la quiebra de Air Madrid. En concreto, en dicha solicitud pregunta si la Comisión cree que están justificadas estas ayudas y si existen mecanismos de control suficientes para evitar "ayudas tan sospechosas como estas".
Cabe recordar que el fondo que se creó hace ya varios meses exigía que las empresas beneficiarias de las ayudas tuviesen un carácter estratégico, cuestión que se ha puesto en duda al evaluar ciertos parámetros concretos. La rescatada Plus Ultra representa solo el 1% de las conexiones aéreas en España y en 2019, último año del que hay datos, ocupaba la posición 166 por tráfico aéreo. Además, contaba, de acuerdo con las cuentas de 2019, tenía apenas 260 empleados.
Termocentro, la central maldita de Duro Felguera
Duro Felguera también estuvo, en cierto modo, vinculada al Gobierno venezolano. Bajo una misión económica del Gobierno Zapatero en 2009, la compañía asturiana firmó el mayor contrato de su historia y, a la vez, el gran problema a futuro para su propia supervivencia. La ingeniería se adjudicó la construcción de la central eléctrica de ciclo combinado Termocentro que iba a abastecer a Caracas. Fue uno de los grandes contratos que se trajeron de la capital venezolana multinacionales como Repsol, Elecnor o Iberdrola, aunque a la larga todos ellos acarrearían grandes pérdidas para todas ellas.
En su momento, el grupo valoró el contrato en 1.500 millones de euros que con el paso de los años abrieron en canal su balance por impago parcial del Gobierno venezolano y la depreciación acelerada, año tras año, de las distintas divisas emitidas por el régimen chavista. De hecho, desde que se terminó la central en 2014 y quedó inaugurada, Duro Felguera no ha dejado de reseñar año tras año en sus cuentas el impacto económico del proyecto. Fuentes del sector explican que este tipo de proyectos se mueven con márgenes muy ajustados y cualquier revés en su ejecución o cobro puede provocar grandes pérdidas.
En 2014, Duro comenzó a registrar los problemas de pago de Venezuela y dejó como cuenta a cobrar más de 125 millones de euros por Termocentro. La propia empresa señalaba que este importe ascendía al 7% del valor de venta del contrato. Además, el proyecto acabó convirtiéndose en un escándalo por presunto pago de sobornos, al punto de activar una querella contra la empresa de la fiscalía Anticorrupción en España. Por si fuera poco, Hacienda abrió un expediente a Duro al considerar que la filial que se hizo cargo de la central venezolana no pagó correctamente el Impuesto de Sociedades entre 2010 y 2012. El fisco le reclamó 120 millones de euros y llegó a embargar inmuebles, aunque en 2020 logró que la Audiencia Nacional suspendiese cautelarmente esa ejecución.
En el mismo año 2014 el Gobierno de Venezuela aprobó un calendario de pagos que cubría la totalidad de los importes pendientes del proyecto, habiéndose recibido hasta hoy apenas 122 millones de euros, de los cuales, 35 millones fueron cobrados durante 2015. "Si bien, la experiencia pasada de Duro Felguera en cuanto a estos calendarios de pago es que las fechas a que hacen referencia son estimativas y los compromisos se acaban cumpliendo, la compañía está renegociando un calendario que se acomode al ritmo de ejecución del proyecto", explicaba la empresa hace siete años en su informe anual cuando todavía tenía esperanzas de cobrar.
La realidad es que el desastre de la economía venezolana y la drástica depreciación del bolívar dejó como incobrable la deuda. El Gobierno de Maduro intentó renegociar los pagos con bonos soberanos del país, pero la tormenta del bolívar y la refundación de la moneda tiempo después hizo difícil para la empresa española la sola valoración del proyecto. Duro Felguera fue provisionando los saldos pendientes del proyecto y confirmó a la CNMV que dejó de recibir pago alguno desde 2017, tres años después de la inauguración de Termocentro. El roto del proyecto venezolano fue uno de los factores desencadenantes que llevó al grupo a una ampliación de capital por 120 millones de euros en 2018.
Desde el año pasado estaba intentando volver a levantar capital, pero la pandemia se lo impidió y colocó a la empresa a las puertas de un rescate público que se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones. La petición a la SEPI por valor de 120 millones salvará del concurso de acreedores a la compañía asturiana pero hará que, al igual que ocurre con el caso de Plus Ultra, se suscite una nueva controversia sobre las motivaciones políticas que subyacen detrás de un rescate sufragado con recursos públicos.
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