Becerril pide entonar entre todos el mea culpa por las obras infrautilizadas

Valencia, 28 feb.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha considerado hoy que habría que "entonar entre todos" el "mea culpa" por las obras de infraestructura pública de España que no se pueden utilizar debido a que están inacabadas o a que se han concluido pero no están en marcha por su coste.

Becerril ha hecho estas afirmaciones tras reunirse con el president de la Generalitat, Alberto Fabra, dentro de su visita a Valencia, donde también acudirá al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores y participará en una jornada sobre "Soluciones para desahucios".

La Defensora ha indicado que cada administración sabrá qué puede hacer con esas infraestructuras acometidas en años de crecimiento y "de posibilidades de financiación", como utilizar una parte o cerrarlas provisionalmente a la espera de otros momentos, ya que ella "no es quién para decírselo".

Ha indicado que la institución que preside ha abierto una investigación de oficio sobre el aeropuerto de Castellón, y que se han dirigido a la dirección general de Aviación civil y de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento para saber qué previsiones hay para la puesta en marcha de esta infraestructura, inaugurada en marzo de 2011 y aún sin tráfico aéreo.

Becerril ha recordado que ha habido un "problema general" de infraestructuras creadas en los últimos diez o quince años, como ciudades de la Justicia o de la Cultura que no se utilizan o que se usan poco pero con mucho coste, y ha considerado que "poco a poco" se tendrá que remediar "como se pueda".

Respecto a los desahucios, ha pedido que se reforme la ley de Enjuiciamiento civil y la ley Hipotecaria "con calma" y "con serenidad dentro de la premura de tiempo" para dotar de mayor protección a familias en situación vulnerable y que, "de buena fe", demuestren que "no pueden hacer frente" a sus deudas.

Becerril ha instado además a que se pare el aumento de los intereses de demora cuando no se puede afrontar la deuda hipotecaria, y ha aplaudido el decreto que paraliza "en casi todos los casos" el lanzamiento de personas a la calle.

A su juicio, "en algunas circunstancias" se puede considerar la dación en pago como medida acordada entre la entidad bancaria y la familia, pero ha indicado que no se debe extender a todos.

Ha indicado que le alegra que PP y PSOE trabajen de forma conjunta en el Congreso de los Diputados en un proyecto de ley que "con urgencia pueda proporcionar alivio" a las familias que se sientan "amenazadas porque no pueden hacer frente a las deudas" que contrajeron hace un tiempo con entidades bancarias.

Además, la Defensora ha apelado a las reformas en todas las instituciones que permitan reducir gastos y acercarse más a los ciudadanos, a los que se debe dar cuenta constantemente, por lo que ha defendido que se apueste por la transparencia.