Bélgica tuvo su peor crisis en 2011, pero cierra el año con una solución

Rafael Cañas

Bruselas, 15 dic.- Bélgica, un país acostumbrado a las crisis políticas, vivió en 2011 la peor de su historia que incluso puso en cuestión su propia supervivencia, si bien finalmente cierra el año con un Gobierno en ejercicio, lo que ha permitido dar un suspiro de alivio a la población.

El sábado, día 10 de diciembre, la Cámara de Diputados dio su respaldo al Gobierno del primer ministro Elio Di Rupo, lo que cerró finalmente una crisis que hizo al país entrar en los registros de los récords por la crisis política más larga.

Dividida en dos grandes comunidades lingüísticas (flamencos y francófonos, con una pequeña minoría de habla alemana), Bélgica vive cotidianamente disputas entre ellas, si bien la que ha vivido entre 2010 y 2011 fue especialmente grave.

La crisis se precipitó en abril de 2010 por una vieja diferencia, que se remonta a casi 50 años, sobre cuestiones relativas a la importante minoría francófona de la periferia flamenca de Bruselas (la capital, en cambio, es oficialmente bilingüe pero de abrumadora mayoría francófona).

Las elecciones de junio de 2010 complicaron la cuestión, ya que el partido vencedor fue el nacionalista flamenco N-VA, dirigido por el populista Bart De Wever, quien no esconde su voluntad de romper a largo plazo el país para que Flandes sea independiente.

Con este panorama, las negociaciones para intentar formar una coalición de Gobierno debían forjar primero un acuerdo sobre unas nuevas relaciones entre las comunidades.

Visto que De Wever no parecía interesado en un acuerdo sino que más bien hacía todo lo posible en bloquearlo, el rey Alberto II encargó en mayo pasado formar Gobierno al líder socialista francófono, Elio Di Rupo.

Di Rupo presentó en julio una propuesta negociadora y logró que los principales partidos políticos flamencos (N-VA aparte) se sentaran a la mesa.

Las negociaciones comenzaron a principios de septiembre y, poco a poco pero de forma metódica, fueron logrando acuerdos: sobre la separación del distrito electoral Bruselas-Halle-Vilvoorde (que había generado la crisis); sobre la entrega de más competencias a las regiones (vieja aspiración flamenca) y, finalmente, sobre la reducción del déficit presupuestario.

Sin embargo, este último acuerdo no llegó hasta finales de noviembre y después de que una agencia de calificación degradó la deuda belga, que también alcanzó niveles récord en su prima de riesgo justo en el punto álgido de la crisis de la deuda en la zona euro.

Finalmente, Di Rupo formó una coalición de seis partidos (socialistas, democristianos y liberales de ambas comunidades) que, si bien sobre el papel parece sólida, no dejará de estar expuesta a las veleidades de la política y los eventos económicos.

En primer lugar, los acuerdos sobre la periferia de Bruselas y la trasferencia de competencias a las regiones deberán estar aprobadas para julio de 2012.

En segundo lugar, el nuevo Gobierno necesitará que las medidas de ajuste presupuestario ofrezcan resultados tangibles, tanto en la reducción del déficit, como en materia de crecimiento y empleo.

Más allá de la solución a la grave crisis, la gran novedad es la figura de Di Rupo: en un país donde muchos líderes políticos son hijos, sobrinos o nietos de anteriores dirigentes, el nuevo primer ministro es hijo de unos modestos inmigrantes italianos.

Después de haber limpiado el Partido Socialista francófono tras varios escándalos de corrupción en las últimas décadas, Di Rupo ha demostrado ser un negociador eficaz y serio, tras haber forjado compromisos aceptados por las dos comunidades y por izquierda y derecha.

Bélgica no tenía un primer ministro francófono desde hacía más de treinta años, y Di Rupo ha generado bastantes reticencias en Flandes por su escaso dominio del neerlandés, la lengua materna de más de la mitad del país.

Sin embargo, Di Rupo ha prometido mejorar en ese sentido (de hecho, ya está mejorando) y ha hecho varios gestos y llamamientos para intentar superar las diferencias entre comunidades, con el argumento de que sus preocupaciones sociales y económicas son las mismas.