Billetes de avión más baratos: Fomento bajará las tasas aéreas un 15%

  • Así lo ha anunciado el ministro José Blanco durante el debate en el Congreso del 'decretazo' sobre los controladores, que aprobó el Gobierno el pasado viernes y por la que se reduce el sueldo de este colectivo en un 40% al limitarle el número de horas extra. La bajada de las tasas será del 8% en 2011 y de un 7% en 2012.
B. Toribio

A partir del año que viene, los españoles tendrán billetes de avión más baratos. El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que las tasas de navegación aérea se reducirán un 15% en dos años para situarlas en la media de la UE. La medida pretende apoyar al sector turístico y a las compañías aéreas y, a la vez, supondrá un ahorro de 120 millones de euros.

La rebaja se aplicará en dos años: en 2011 el recorte será del 8%  y el otro 7% se aplicará en 2012, lo que tendrá una "repercusión directa" en las compañías y en el coste de los billetes que pagan los ciudadanos, ha dicho Blanco.

El responsable del Ministerio de Fomento ha hecho este anuncio durante el debate del decreto sobre los controladores que entró el vigor el pasado viernes tras aprobarlo el Consejo de Ministros. Casi todos los grupos parlamentarios, salvo IU, aprobarán su convalidación si bien han criticado algunos aspectos del mismo y han exigido que se tramite como proyecto de ley para poder mejorarlo.

El Gobierno recibirá así un amplio apoyo sobre una norma que devuelve a AENA -es decir, al Ejecutivo- la organización del trabajo de los controladores aéreos y liberaliza su actividad.El decreto obliga a los controladores a trabajar 1.750 horas fijas al año frente a las 1.200 horas ordinarias que establecía el convenio que se firmó en 1999 y se ha ido prorrogando desde 2004.

Precisamente, el Ejecutivo decidió intervenir, ya que la última prórroga del convenio expiraba el próximo 31 de marzo, en plenas vacaciones de Semana Santa.

José Blanco ha aceptado a tramitar el decreto como proyecto de ley en el Congreso, tal y como le pedían las mayoría de las fuerzas parlamentarias, para "mejorar aún más si cabe" el texto.

Freno a las horas extra

Además, se limita a 80 el número de horas extra frente a las 600 que, de media, realizaban los controladores. De esta forma, el Gobierno confía en que el sueldo de los controladores aéreos baje a los 200.000 euros frente a los 350.000 que ganaban de media estos empleados públicos. Aunque hay casos más sangrantes, como denunció el propio ministro de Fomento, José Blanco, en el Congreso.

En este sentido, José Blanco ha argumentado durante su intervención quelas horas extra de este colectivo se pagan "el triple que una horaordinaria", por lo que en su opinión, esta situación no se puede sostener. "Si todos los trabajadores cobraran el triple por cada hora de trabajo habría muchas empresas que no lo podrían soportar", ha afirmado.

El decreto ley también liberaliza el servicio de control de tráfico aéreo. Así, a partir de ahora se podría adjudicar la gestión de las torres de control a empresas privadas y controladores de otros países que tengan la licencia europea correspondiente podrán trabajar en España.

Los controladores más caros de Europa

Pese al recorte, el sueldo medio que cobraría un controlador español sería superior al de un alemán, un francés o un británico que reciben aproximadamente 158.000, 110.000 y 70.000 euros respectivamente.

El debate de hoy en el Congreso llega después de que este martes AENA y el sindicato de controladores USCA acordaran volver a la mesa de negociación en 15 días para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el convenio colectivo.

IU, la única formación que vota en contra del decreto

PP, PNV, CiU, Coalición Canaria y ERC han expresado su apoyo a este decreto ley si bien han puesto de relieve que "tiene serios déficits", en palabras del diputado del PP Andrés José Ayala, y que deberá "ser mejorado". Sólo IU ha mostrado su rechazo a este 'decretazo'. Según su portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, su rechazo se debe a que la norma aprobada el pasado viernes "encubre la privatización del sector aéreo" y choca con "el artículo 37 de la Constitución española, que hace prevalecer la negociación colectiva". En opinión de este diputado, que ha criticado al Gobierno de querer ser el "Robin Hood de todos los colectivos sociales", el Ejecutivo puede empezar por los controladores y después atentar contra los derechos de otros colectivos que "choquen" con sus intereses.

La oposición parlamentaria también ha criticado "las formas" en las que el Gobierno ha sacado adelante esta medida a través de un decreto. José Ramón Beloki, diputado del PNV, le ha acusado de "descaro político" y Pere Macias (CiU) ha puesto el acento en la responsabilidad del Ejecutivo en este asunto porque "las cúpulas ministeriales han cedido durante mucho tiempo a las demandas excesivas" de este colectivo.

Cierre del aeropuerto de Barajas

El Pleno también analizará esta mañana el proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y con el que el Gobierno respondía el pasado diciembre a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que podría suponer el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Esta sentencia obliga a AENA a recortar a la mitad los vuelos sobre la urbanización de Ciudad Santo Domingo (Algete).

El Ministerio de Fomento alega que esto supondría la reducción en un 50% de las operaciones en la configuración sur en Barajas, la que más afecta a la zona, pero "a medio y largo plazo el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas".

Según los cálculos de Fomento, la reducción de los vuelos a la mitad supondría destruir 30.000 puestos de trabajo y dejar de ingresar unos 1.100 millones de euros en la Comunidad de Madrid.

Barajas aporta a la región madrileña aproximadamente un 11% del PIB y representa un 8,9% del empleo, con cerca de 125.000 empleos. A medio y largo plazo, el cierre de la infraestructura supondría unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros, según datos de la Comunidad de Madrid.

El proyecto de ley que se debate hoy podría salir adelante con el voto favorable del PP frente a CiU, PNV y UPyD que han presentado enmiendas que piden la devolución del texto del Gobierno.

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