Brasil convoca a embajador de EE.UU. tras nuevas denuncias de espionaje

Brasilia, 2 sep.- La Cancillería de Brasil convocó hoy al embajador de EE.UU., Thomas Shannon, para dar explicaciones sobre nuevas denuncias de que el país norteamericano espió a la jefa de Estado brasileña, Dilma Rousseff, lo que dejó a su Gobierno "en una situación de emergencia", según un funcionario.

La reunión duró unos 30 minutos, según dijeron a Efe fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no divulgaron más detalles.

Además, Rousseff llamó a algunos ministros para tratar del asunto, en unas reuniones que no estaban previstas en su agenda inicial.

Uno de esos funcionarios, el ministro de la Secretaría de la Presidencia brasileña, Gilberto Carvalho, dijo este lunes que su Gobierno está "en una situación de emergencia" por las nuevas denuncias del espionaje de EE.UU. contra la mandataria.

"Estamos en una situación de emergencia por causa de esas denuncias de espionaje", dijo Carvalho a la prensa, según publicó el diario O Estado de Sao Paulo.

El ministro abandonó un acto oficial en el que participaba para responder a la convocatoria de la presidenta y no quiso dar más detalles a la prensa.

Rousseff también se reunió con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, con los titulares de las carteras de Defensa, Celso Amorim; Comunicaciones, Paulo Bernardo Silva, y otros miembros de su gabinete.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso brasileño, Nelson Pellegrino, consideró "gravísimas" las denuncias.

"Si se confirma que la presidenta fue espiada, estaremos frente a un episodio inaceptable de violación de la soberanía nacional", dijo Pellegrino, quien se propone debatir el asunto en la próxima reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

Las nuevas denuncias fueron formuladas por el canal de televisión Globo, que el domingo aseguró que, según documentos filtrados por el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. (NSA, en inglés) Edward Snowden, Rousseff y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fueron espiados por ese organismo de inteligencia.

En el caso de Peña Nieto, el espionaje electrónico comenzó cuando aún era candidato a presidente, siguió después de que ganó las elecciones de 2012 y le permitió a la NSA saber los nombres de algunos ministros con anterioridad a su nombramiento oficial, aseguró Globo.

Los documentos fueron obtenidos con Snowden por Glenn Greenwald, columnista del diario británico The Guardian, que reside en Río de Janeiro y cuyo novio, el brasileño David Miranda, fue retenido en Londres durante por la policía británica hace quince días, lo que generó un incidente entre Brasil y el Reino Unido.

Según Globo, los sistemas utilizados por la NSA le permitieron a los servicios de inteligencia de Estados Unidos conocer el contenido de conversaciones telefónicas y correos electrónicos intercambiados por Rousseff con decenas de asesores.

No obstante, en el caso de Brasil, los documentos no relevan el contenido de la información a la que se tuvo acceso.

Cardoso dijo que Brasil pedirá "nuevas explicaciones" a Estados Unidos por lo que calificó de "inaceptable violación de la soberanía".

Tras las primeras denuncias de espionaje, Brasil y Estados Unidos iniciaron un "diálogo bilateral" al respecto, que la semana pasada llevó al ministro Cardoso a Washington para conocer el alcance de la actuación de los servicios estadounidenses.

Cardoso se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, con la asesora de asuntos contra terrorismo, Lisa Mónaco, y con el jefe del Departamento de Justicia, Eric Holder, pero según dijo tras esa visita, las explicaciones no fueron "suficientes".

El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, ha dicho "entender" las quejas de Brasil, pero afirmó que las actividades de los servicios de inteligencia estadounidenses son "legales" y además "necesarias" para garantizar la seguridad global.

Las denuncias de Snowden sobre espionaje global causaron un enorme malestar en Brasil y una fuerte reacción del Gobierno de Rousseff, que con sus socios del Mercosur denunció el caso ante la ONU.