Diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) salieron en defensa de la atribulada mandataria cuya gobernabilidad quedó en jaque, y preparan una presentación ante el máximo tribunal para cuestionar la decisión del presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, de aceptar una solicitud de juicio político contra Rousseff horas antes de que la presente ante el plenario.
"Estamos estudiando una serie de medidas que tienen por objeto impedir la instalación del proceso (...) Vamos a presentarlas a la corte, por abuso de poder (de parte de Cunha) y utilización de la estructura del Poder Legislativo para defenderse", dijo Pimenta.
Cunha, enemigo declarado de Rousseff, fue acusado por la fiscalía de la república por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y está en la mira del Consejo de Ética de la cámara que preside, que podría iniciarle una investigación por ocultar unas cuentas millonarias en Suiza alimentadas presuntamente con dinero de la estafa a Petrobras.
La propia mandataria dijo en la noche del miércoles que el diputado evángelico que este año se convirtió en su némesis política estaba usando una herramienta constitucional para proteger intereses propios, al haber aceptado uno de los muchos pedidos de impeachment que estaban en el Congreso el mismo día que el PT anunció que apoyaría la investigación en su contra.
Se espera que durante el día, Cunha inicie al proceso leyendo la acusación sobre una supuesta manipulación ilegal para mejorar las cuentas públicas y ordene la formación de una comisión especial de diputados que evaluará si el caso debe proseguir o ser archivado.
Una vez formado en 48 horas, ese cuerpo legislativo de 66 miembros de todas las fuerzas que están en la cámara, deberá elegir un presidente y un conductor del proceso. A partir de allí, Rousseff, quien dijo estar "indignada" por la acusación, tendrá 10 sesiones para defenderse.
Luego, la comisión deliberará durante cinco sesiones y votará el parecer de Cunha, que será enviado al plenario. Para aprobar el proceso y permitir la apertura del juicio político en el Senado, se requiere el voto de 342 de los 513 diputados que tiene la cámara. Rousseff, por su lado, precisa el apoyo de un tercio más uno de los diputados (172) para que se archive el pedido.
Ese número está ahora en el centro de la lucha política que decidirá el futuro inmediato de Brasil, sumido en una severa recesión económica que podría ser la más extensa desde 1930-31 y con una presidenta fragilizada que tiene apenas un 10% de apoyo a su gestión.
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