Caamaño dice que la instrucción por el fiscal situará a españa entre las "democracias avanzadas"

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró este viernes que España se situará entre las “democracias avanzadas” si el fiscal instruye los procesos penales, algo que se incluye en la reforma de Ley de Enjuiciamiento riminal que estudió este viernes el Consejo de Ministros.
En concreto, Caamaño planteó al Ejecutivo dos anteproyectos que pretenden modificar el proceso penal. Se trata de un anteproyecto de ley orgánica para con los derechos de los ciudadanos en el proceso penal, a lo que se suma un anteproyecto de ley ordinaria con la ley de enjuiciamiento criminal.
El titular de Justicia destacó que la reforma que plantea su departamento establece un modelo “radicalmente distinto al actual”, que data de 1882, aunque ha sufrido distintas reformas. Añadió que el cambio que se busca acercará a España a las “democracias más avanzadas” en lo que se refiere al proceso penal.
En cuanto a si esta reforma se podrá tramitar esta legislatura, el ministro señaló que “lo vamos a intentar”, al tiempo que se refirió que ya se han sacado leyes importantes, como la del Registro Civil, en “plazos muy cortos” y con un alto grado de consenso parlamentario.
“PENA DE TELEDIARIO”
En cuanto a los aspectos más destacados de la reforma que se pretende, Caamaño indicó que el modelo que se plantea es que los fiscales y no los jueces instruyan los procesos penales. Apuntó que, a pesar de lo que se pudiera pensar, este sistema supone que en las investigaciones habrá “mucho más juez” para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Explicó que esto es así porque habrá en el futuro tres instancias judiciales para supervisar la acción de los fiscales: un juez de garantías, que vigilará la instrucción; un juez de audiencia preliminar, que decidirá si se formula acusación; y un tribunal que juzgará.
Junto a esto, indicó que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incide mucho también en los derechos de los ciudadanos en el proceso penal, para, entre otras cosas, evitar lo que se ha llamado es “la pena de telediario”. Para evitar este efecto, se mejora la protección de la identidad de los investigados y no se deja, por ejemplo, que se difundan imágenes desde instancias oficiales durante la instrucción.
Caamaño aclaró también que el fiscal será el encargado de informar a la sociedad durante la instrucción de los procesos penales, sin que esto deba considerarse como una limitación de la libertad de prensa. En cuando a la acción popular, Justicia plantea que no puedan servirse de este instrumento administraciones, partidos o sindicatos.
Otros aspectos que incorpora la reforma planteada por Caamaño son el control judicial de las medidas que limitan la libertad, como la interceptación de las comunicaciones o la entrada y registro en domicilios. Asimismo, se establece por primera vez el Estatuto de las Víctimas en el proceso penal y se elevan a rango orgánico aspectos vinculados al ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional.