Calabuig compró terrenos con un préstamo dirigido a blindar Aguas de Valencia

Madrid, 12 nov.- El presidente de Aguas de Valencia (Avsa), Eugenio Calabuig, ha reconocido hoy en la Audiencia Nacional que compró terrenos en la costa de Castellón con un préstamo de más de 50 millones de euros otorgado por el Banco de Valencia para que pudiera mantener el control sobre la compañía de aguas.

Calabuig ha declarado más de tres horas como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de créditos a él y a su familia por parte del Banco de Valencia, entidad que posteriormente fue intervenida y adquirida por CaixaBank.

Calabuig ha argumentado que se trataba de un crédito que no tenía un carácter finalista, por lo que podía destinarlo a lo que considerara oportuno, aunque tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por el FROB mantienen que el Banco de Valencia lo concedió para hacer frente a una opa de exclusión que aprobó Avsa para evitar que Aguas de Barcelona tomara el control de la compañía valenciana.

Dicha opa iba dirigida a 771.711 acciones representativas del 39,32 % del capital social y con un precio cada una de 150 euros, y de la que se excluían 1.190.873 títulos, el 60,80 % del capital, que eran de Inversiones Financieras Agval, que fueron objeto de inmovilización.

Sin embargo, Calabuig ha defendido que esos más de 50 millones que se depositaron en una cuenta con un interés mínimo no fueron otorgados en exclusiva por Banco de Valencia para este fin y que, al no haber tenido que destinarlos a la opa, los invirtió en comprar acciones de la sociedad Costa Bellver, promotora de un proyecto inmobiliario en Oropesa del Mar (Castellón).

Ha añadido que en la cuenta había fondos de otras compañías en las que participaba, que ha calculado en unos 5 millones de euros.

Por otra parte, ha insistido en la legalidad de la concesión del crédito, un préstamo ordinario que cumplía con las condiciones de mercado y que fue certificado por el Banco de España, y por ello ha negado su responsabilidad en el agujero de la entidad valenciana.

Según la denuncia del FROB, el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra, también imputado, intervino en una serie de operaciones "de dudosa racionalidad económica" al haber obtenido, por vía directa o indirecta, beneficios en perjuicio del patrimonio de la entidad, al que provocó un agujero cercano a los 137 millones de euros.

Entre esas operaciones destacaba la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la compra de acciones de Costa Bellver o la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial, en la que han participado de forma relevante, como autores o partícipes, ciertos integrantes de la familia Calabuig.

Asimismo, explicaba que el banco concedió en 2008 dos créditos por un total de 48 millones -que luego se convirtieron en 54- a la familia Calabuig, lo que permitió a ésta hacerse con el control de Agval, la sociedad propietaria de Aguas de Valencia en la que el clan participa a través de Fomento Urbano de Castellón (FUCSA).

Por ellas, acusaba a los querellados de los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, y señalaba en su escrito que los créditos, que no han sido devueltos, fueron autorizados por el Comité de Riesgos, del que formaba parte Parra, gracias a la intervención decisiva de éste.

El magistrado había citado a esta semana a Enrique, Celia, Pedro y Mercedes Calabuig, todos ellos familiares del presidente de Aguas de Valencia, así como a Parra y a su mujer, María José Aznar, aunque el juez ha suspendido estas declaraciones sin fijar una nueva fecha por problemas de agenda de sus abogados.