Carnicer dice que no hay datos fiables de la carga de trabajo en la Justicia

  • El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha denunciado que no hay "datos fiables" sobre la carga de trabajo "real" de los juzgados porque los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen "defectos estadísticos".

Vitoria, 21 may.- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha denunciado que no hay "datos fiables" sobre la carga de trabajo "real" de los juzgados porque los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen "defectos estadísticos".

En la presentación en Vitoria del XI Congreso de la Abogacía de España, que se celebrará el año que viene en la capital alavesa, Carnicer ha asegurado que el año pasado "no hubo" 8,5 millones asuntos judiciales y sólo 1,5 millones de sentencias como se recoge en la memoria "La Justicia dato a dato".

Ha explicado que el número de asuntos judiciales es superior a la carga real de causas porque hay supuestos en los que un único incidente "suma" varios números de referencia.

Es el caso, según ha citado como ejemplo, de un accidente de tráfico con cinco heridos trasladados a cinco hospitales diferentes. En el juzgado se generan cinco asuntos judiciales, cuando se trata de un único incidente.

Estas circunstancias dan pie a "defectos estadísticos" en las memorias judiciales que impiden determinar "cuál es la situación real de la Justicia en España" y Carnicer considera que es "imprescindible" disponer de esta información antes de poner en marcha una reforma general como la que está impulsando el Gobierno del PP.

A su juicio, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha entrado en el Ministerio "como en una cacharrería", algo que también hicieron, según ha censurado, sus predecesores en el cargo porque todos quisieron "dejar su impronta".

Sin embargo, el presidente de los abogados españoles ha advertido de que "ésta no es forma de regular" porque es necesario el consenso para que las reformas legales tengan "visos de permanencia"; por ello, ha reclamado un pacto de Estado sobre la reforma de la administración de Justicia.

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