Casi 38.500 niños son víctimas de delitos violentos en españa

Casi 38.500 niños fueron víctimas de algún delito en España en 2013 (último año del que se tienen de datos), principalmente por robo por fuerza e intimidación (30,32%); homicidio, lesiones o malos tratos (22,39%) y contra la libertad sexual (18,69%).
Así se recoge en el informe ‘La violencia contra la infancia. Hacia una estrategia integral’, elaborado por la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade y Save the Children, y hecho público este miércoles por ambas entidades en vísperas del Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión, que se celebra el 4 de junio.
El estudio indica que, con datos del Ministerio del Interior, un total de 12 menores han sido asesinados y un centenar han quedado huérfanos por ser víctimas de violencia de género desde 2013.
El informe señala que estas estadísticas son oficiales porque corresponden al Ministerio del Interior, pero añade que constituyen “la punta del iceberg, ya que sólo recogen los hechos denunciados” y “la mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos”.
“La violencia contra la infancia se da en múltiples formas. Muchos niños sufren en silencio agresiones físicas o sexuales, acoso en el colegio o a través de las nuevas tecnologías. Son situaciones que ponen en peligro su vida y que están condicionando su desarrollo y su futuro”, afirmó Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade.
Por su parte, Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, consideró “intolerables” las situaciones de violencia que viven muchos niños en España y añadió que estos casos “se pueden evitar”. “Es urgente que se pongan en marcha medidas para visibilizar este problema, concienciar a los ciudadanos, prevenir nuevos casos y dar una respuesta institucional adecuada”, añadió.
El informe reclama al Gobierno una estrategia integral contra la violencia que sufren los niños, que incluya un compromiso de los poderes públicos en la lucha contra la violencia contra la infancia, la a aprobación de una ley orgánica de medidas de protección integral para los menores; la adopción de medidas desde todos los ámbitos de intervención (familiar, educativo, de la salud, de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías e institucional) de prevención, detección, protección y reparación; la creación de una partida presupuestaria específica y la puesta en marcha de juzgados de instrucción de violencia contra la infancia.