Caso contra Perry avanza tras el rechazo de un juez de desestimar los cargos

Austin (EE.UU.), 27 ene.- Un juez rechazó hoy el segundo intento de los abogados del exgobernador de Texas (EE.UU.) y potencial aspirante a la Presidencia en 2016, Rick Perry, de desestimar el proceso en su contra por abuso de poder y amenazas a un funcionario público.

Según el juez que instruye la causa, Bert Richardson, republicano como Perry, el caso aún está en una fase embrionaria y es demasiado pronto para desestimar los cargos.

Los abogados de Perry, por su parte, han adoptado la estrategia de dilatar el proceso, ya que tras conocerse la decisión del juez interpusieron un recurso ante una Corte de Apelaciones de Texas, cuyos magistrados son todos republicanos, y que podría retrasar el caso durante meses.

Perry fue acusado de abuso de poder a raíz de un caso de 2013 en el que amenazó a la entonces fiscal del distrito del Condado de Travis, la demócrata Rosemary Lehmberg, con vetar una partida económica si no renunciaba a su cargo tras haber sido sorprendida ebria al volante.

El exgobernador objetó entonces que siempre actuó amparado por la Constitución de Texas y defendió que de encontrarse ahora en la misma situación, volvería a hacerlo.

Desde que fue acusado en agosto de 2014, Perry ha tratado de convertir el proceso, que considera político, en una oportunidad para promocionar su perfil de cara a las elecciones de 2016, aunque ha confesado que hasta mayo no anunciará si participa en las primarias.

De hecho, la acusación contra Perry proviene de un jurado popular de Austin, un enclave progresista en la conservadora Texas.

El exgobernador ya ha invertido más de un millón de dólares de su campaña en su defensa, que lideran media docena de abogados considerados "estrellas" de Austin, Houston y Washington.

Perry dejó el cargo hace una semana, tras 14 años en el poder.

Su sucesor en el cargo, Greg Abbott, consideró en un comunicado "ultrajante" e "inapropiada" la causa contra Perry y aseveró que la continuidad del proceso "entra en conflicto con la autoridad concedida a los gobernadores por la Constitución de Texas".