Castells ve "irreprochable" su actuación en el Hotel del Palau y dice que habrían ganado dinero

Barcelona.- El conseller Antoni Castells ha calificado hoy de "irreprochable" la actuación del Departamento de Economía en el proyecto del Hotel del Palau y ha subrayado que la Generalitat no sólo perdió valor patrimonial, sino que podría haber ganado entre 5,6 y 8 millones dependiendo del valor del mercado.

Castells, que ha comparecido hoy a petición propia ante la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Palau, ha asegurado además que su departamento no tuvo conocimiento hasta septiembre de 2009 de que el proyecto había sido adjudicado a un particular -Olivia Hoteles-, ya que los gestores del Palau de la Música, con Fèlix Millet al frente, se lo ocultaron.

En el tono vehemente que ha caracterizado su intervención inicial, Castells ha contrarrestado uno por uno los puntos que la Fiscalía y los grupos de la oposición habían cuestionado de la actuación de su departamento y ha dejado claro que el convenio que firmó con Millet en marzo de 2006 fue "intachable" y se hizo en defensa del interés público y garantizando la hacienda y el patrimonio de la Generalitat.

El conseller ha afirmado en este sentido que en vez de perder valor patrimonial, la Generalitat habría ganado, en función de la evolución del valor de mercado, entre 5,6 y 8 millones de euros por el proyecto, que finalmente no se llegó a concretar al estallar el escándalo por el saqueo del Palau de la Música.

El convenio firmado en marzo de 2006 abría la puerta para la permuta de usos de un edificio de la Generalitat situado en la calle Ciutat, junto a la plaza Sant Jaume, y tres fincas que el Palau de la Música adquirió a los Hermanos de La Salle junto al edificio modernista de la institución musical.

Castells ha destacado que, al final del proceso, la Generalitat se habría quedado con su edificio en la calle Ciutat, que seguiría acogiendo oficinas -antiguamente alojó la sede de la Sindicatura de Comptes y ahora aloja al Gabinete Jurídico- y además la administración catalana habría sido compensada económicamente "por un valor potencial, virtual, teórico (el de uso residencial), que no se hubiera materializado nunca".

"Es sorprendente que se diga que perdíamos dinero con esta operación", ha exclamado el conseller.

El conseller ha defendido además que en el convenio de marzo de 2006 con Millet no se fijara la cantidad exacta de la compensación para la Generalitat, ya que se establecían baremos para poderlo actualizar en función de la evolución del mercado.

Por ello, ha apuntado que cuando se firmó el acuerdo de permuta de usos el valor de las fincas donde se iba a construir el hotel alcanzó los 15 millones de euros (por lo que le habrían correspondido 5,6 millones a la Generalitat), si bien en octubre de 2009, cuando se publicó el cambio de usos en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) el valor del solar ya alcanzaba los 20 millones de euros (por lo que la compensación a la Generalitat habría subido a los 8 millones de euros).

Para Castells, el convenio rubricado con Millet -por el que en junio pasado tuvo que declarar como testigo ante la juez que instruye este caso- era tan "garantista" que incluso preveía un mínimo a percibir como compensación para la Generalitat, a partir de un valor de 12 millones de euros de las fincas donde se iba a construir el hotel.

"Era un convenio intachable, bien hecho, irreprochable", ha insistido el conseller, que ha destacado que toda la plusvalía revertía en la Generalitat.

Además, también ha insistido que el informe jurídico previo no era preceptivo -en contra de lo que sostiene la fiscalía-, porque del convenio de marzo de 2006 no se desprendían obligaciones ni derechos para la administración catalana.

El conseller ha señalado también que cuando tuvieron conocimiento -a través de la prensa- de que el Palau de la Música había adjudicado a un particular -Olivia Hotels- el proyecto del Hotel, actuaron en consecuencia y procedieron a reclamar la compensación económica para la Generalitat y a ejecutar la garantía -en caso de impago-, solicitando así que la administración catalana se convirtiera propietaria de una parte de las fincas.