Catalá estudiará si recurre condena TEDH por no investigar torturas etarras

Madrid, 7 oct.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que estudiará si los servicios jurídicos del Estado recurren la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que condenó hoy a España por no investigar las supuestas torturas denunciadas por una etarra y un miembro de Segi.

En declaraciones a los medios tras su intervención en el Congreso Internacional de Arbitraje -su primer acto público desde su nombramiento-, Catalá ha reaccionado así a la sentencia de Estrasburgo sobre los casos de Beatriz Etxebarría Caballero, que cumple condena en la cárcel de Soto del Real, y Oihan Unai Ataun Rojo, que está en libertad.

Tras señalar que la sentencia se refiere a una cuestión de ámbito procesal, ha explicado que los servicios jurídicos del Estado estudiarán si presentan un recurso, "con el mayor compromiso de garantizar que en España existe un sistema jurisdiccional de los derechos fundamentales que funciona con total calidad".

Catalá ha dicho que el Gobierno acata la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien ha reconocido que desconoce el sentido literal de la misma, hecha pública esta mañana.

Además, ha subrayado que la sentencia pone de manifiesto que "tenemos un sistema de controles jurisdiccionales de altísima calidad tanto en el ámbito español como internacional".

El tribunal ha señalado que en los casos de Etxebarría Caballero y Ataun Rojo "las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar".

Etxebarría fue detenida en Vizcaya en 2011 en una operación contra un comando de ETA, y trasladada a la Dirección General de la Guardia Civil.

Su denuncia de malos tratos fue archivada por el juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao.

Por su parte, Ataun fue detenido en Navarra el 10 de noviembre de 2008, en el marco de una investigación judicial contra Segi, y trasladado a Madrid en detención incomunicada.

Denunció los malos tratos de los que dijo haber sido objeto, pero el juez de Instrucción de Pamplona decidió que no había el "menor indicio de criminalidad".