El Tribunal Supremo ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre si se debe investigar a la diputada electa de JxCat en el Congreso Laura Borràs por presuntas irregularidades en la contratación de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), después de recibir la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
La magistrada instructora de Barcelona Silvia López Mejías investiga desde julio de 2018 las presuntas irregularidades en la adjudicación de casi una veintena de contratos de servicios informáticos para la web de la ILC en la etapa que Borràs era consejera de Cultura de la Generalitat y por tanto dirigía la institución.
Al ver indicios de delito, la juez inició los trámites para elevar al Tribunal Supremo la investigación contra Borràs, al considerar que es el órgano competente para ello, ya que la portavoz de JxCat está aforada al ser miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Baja.
Fuentes del alto tribunal han informado que la exposición razonada ha llegado al Supremo, por lo que los magistrados de la Sala de lo Penal han dado traslado de la misma al Ministerio Público para que informen sobre si ven indicios de delito y se debe abrir causa contra la diputada de JxCat.
Investigación prospectiva
Por su parte, la defensa de Borràs ejercida por el abogado Gonzalo Boye ya trató de paralizar esta causa al considerar que la investigación que se ha llevado a cabo contra la dirigente del partido de Carles Puigdemont es "prospectiva".
En un escrito remitido este verano al Juzgado de Instrucción número 9, el letrado solicitó la nulidad de pleno derecho de la causa al considerar que existe una falta de competencia objetiva, ya que, en el momento de abrirse la investigación, Borràs ya era diputada en el Parlament y consellera, y, a su juicio, es aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
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