Céntimo sanitario. El gobierno responde a bruselas que planteó un impuesto "acorde" con el derecho comunitario

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió este viernes a la Comisión Europea que la creación del céntimo sanitario fue planteada como un impuesto "acorde con el derecho comunitario" y que se le consultó a Bruselas.
Sáenz de Santamaría realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que la Comisión Europea respondiera al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que nunca autorizó el céntimo sanitario, declarado este jueves ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE, sino que, por el contrario, "se opuso" desde el principio a este gravamen con argumentos similares a los que esgrime el fallo.
"En el planteamiento de la consulta a la Comisión Europea se puso de manifiesto la voluntad de diseñar este impuesto de forma acorde con el derecho de la Unión Europea", recordó la vicepresidenta para explicar de forma pormenorizada los datos "objetivos" de como ocurrieron los hechos que le facilitó Hacienda.
Sáenz de Santamaría recordó que, en septiembre de 2000, con ocasión de la reforma del sistema de financiación, el Gobierno planteó la posibilidad de ceder las comunidades autónomas las competencias para incrementar los tipos de gravamen y, con ello, la recaudación tributaria de los impuestos indirectos que gravan los hidrocarburos.
Para ello, plantearon dos alternativas. La primera, la cesión de competencias para incrementar los tipos de gravamen del impuesto armonizado sobre los hidrocarburos y la segunda la creación de un impuesto no armonizado sobre los hidrocarburos en el que se dejaría a las comunidades autónomas las competencias para incrementar los impuestos, opción por la que se optó.
"En la contestación del 14 de junio de 2001 al profesor Lasarte los servicios de la Comisión mantuvieron que el acervo comunitario impedía ceder a las comunidades autónomas competencias para fijar el tipo de los Impuestos Especiales armonizados, en particular, el que grava los hidrocarburos", justificó la vicepresidenta.
Además, la vicepresidenta insistió en que este asunto "se plantea en una cuestión prejudicial en un pleito pendiente ante un Tribunal Superior de Justicia". "Ahora recibida la sentencia, tendrá que analizar cómo da cumplimiento en su fallo a la resolución de la cuestión prejudicial planteada", reconoció para insistir en que el Gobierno estará "muy pendiente" de cómo se procede a trasladar esta decisión "al caso concreto interno español".
Como ya hicieron el jueves varios miembros del Gobierno, Sáenz de Santamaría insistió en que el Gobierno "acata las resoluciones de los Tribunales". "La cumplirá y la ejecutará en los términos en los que los propios tribunales señalan", aseguró.