El expresidente de laJunta de Andalucía, Manuel Chaves, ha acudido poco después de las diez menos cuarto de este martes al Tribunal Supremo, donde será interrogado por el magistrado de este órgano Alberto Jorge Barreiro sobre su posible responsabilidad en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía.
Chaves, que ha acudido en coche hasta las puertas del alto tribunal, donde se ha limitado a dar los buenos días a los periodistas que le esperaban, comparece en calidad de "imputado" en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas", según rezaba el auto de citación.
Chaves, al igual que el resto de aforados, fue citado en calidad de "imputado" en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".
En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de Sevilla que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.
La jueza Alaya señalaba, en su exposición razonada en la documentación remitida al Supremo, a la anterior cúpula del Gobierno andaluz como responsable de diseñar un fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria, gracias a un fondo que dotó con721 millones de euros entre 2001 y 2010. A Chaves le considera partícipe y conocedor del diseño de dicho fondo concebido para burlar la ley.
Alaya considera que ese fondo permitía dar el dinero de lassubvenciones directas para empresas y extrabajadores afectados por los EREde forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta. Los exresponsables del Gobierno andaluz han venido sosteniendo que la partida era legal y que se aprobaba cada año por el Parlamento en laLey de Presupuestos.
El que fuera presidente de la Junta de Andalucía esel tercero de los aforados que declaren en el Tribunal Supremo por el fraude de los ERE. En total cinco aforados han sido citados a lo largo de este mes por el magistrado del Alto Tribunal Alberto Jorge Barreiro, que intenta esclarecer si tuvieron alguna responsabilidad en la concesión de ayudas a los ERE en esa comunidad, como sostiene la jueza Mercedes Alaya.Peritos
En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.
De esta ayudas se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.
Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministraMagdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.Declaraciones
El primer aforado en declarar en el Supremo fue el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien declaró que, con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía, él pretendía "instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes".
En el curso de su declaración, Viera rechazó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía "porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas" o en la sistemática económico-contable empleada. Se presentó como un maestro sin conocimientos jurídicos concretos al respecto.
La pasada semana declaró el también expresidente andaluz José Antonio Griñán, que afirmó tras prestar declaración durante más de cuatro horas que en el asunto de los ERE fraudulentos "no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude, y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar".
Con esta afirmación, el dirigente socialista descartaba que existiera una estructura fraudulenta orquestada por la Junta, para enfocar la responsabilidad a la Consejería correspondiente que cometió tales irregularidades.
El expresidente andaluz explicó la línea que mantuvo ante el instructor e indistió en que, desde la consejería que él dirigía antes de llegar a la Presidencia, la de Economía y Hacienda, se encargaba de realizar la presupuestación, que fue correcta. El problema surgió, según su versión, cuando el dinero llegó a la Consejería de Empleo y se cambió el modelo de ejecución.
Griñán negó ante el magistrado del Tribunal Supremo que participara en el fraude de las ayudas públicas. Mientras él fue consejero de Economía, la intervención de la Junta nunca le alertó de la existencia de ciertas incidencias, dijo.
Antes de Griñán había ya había declarado José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, ahora diputado en el Congreso, quien alegó que es profesor y que carece de "formación jurídica" y confiaba "plenamente" en su equipo. Según dijo al juez, se limitó a aplicar las normas aprobadas en el Parlamento. Y agregó que creyó que los documentos que firmaba llevaban "el camino legal correcto", porque estaban "visados por sus subordinados".850 millones
La Junta destinó supuestamente 850 millones de euros en ayudas para las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, de los que 126 nunca estuvieron empleados en las empresas beneficiadas.
Además, se habrían pagado a las aseguradoras comisiones por la tramitación de pólizas que triplicaron los precios de mercado. Ese presunto uso indebido de dinero público enriqueció a intermediarios de las operaciones. La jueza Alaya sostiene que los exgobernantes andaluces idearon un instrumento presupuestario supuestamente ilegal, las "transferencias de financiación", para conceder las ayudas.
La jueza basa su tesis incriminatoria en un informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013 que no ha sido ratificado en sede judicial por los peritos, para que las defensas de los imputados puedan someterlo a contradicción. La jueza, pese a las reiteradas peticiones de los abogados de los imputados, fue aplazando este trámite y elevó la causa al Supremo sin hacerlo.
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