Guatemala, 8 feb.- La Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) "está dispuesta" a permanecer en Guatemala dos años más, como propuso el jefe del Estado, Otto Pérez Molina, que alertó que la presencia del organismo es vital para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, informó hoy un portavoz oficial.
"Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando por la justicia de Guatemala", declaró a Efe el portavoz de la Cicig, Diego Álvarez, que calificó de "buena noticia" el anuncio presidencial de que el Gobierno solicitará a las Naciones Unidas la prórroga.
La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 para un período de dos años -que ya ha sido prorrogado- a través de un acuerdo firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas, y su mandato actual terminará en septiembre próximo.
La nueva extensión debe ser solicitada mediante una comunicación directa entre el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon, y el presidente guatemalteco, explicó Álvarez.
En su primera visita oficial a la sede de la Cicig desde que asumió el Gobierno, el pasado 14 de enero, Pérez Molina expresó anoche que está "en la mejor disposición de pedir una prórroga de dos años para que la Comisión permanezca en el país".
El general retirado, que gobernará hasta 2016, aseguró que en su momento enviará una carta con la solicitud a Ban ki-moon.
La presencia de la Comisión en el país es indispensable para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, a fin de garantizar que se pueda seguir con éxito el combate de la impunidad una vez que la misma se retire de Guatemala, explicó el mandatario.
Álvarez afirmó a Efe que el comisionado de la Cicig, el exfiscal costarricense Francisco Dall'Anese, agradeció al presidente su visita y la propuesta de extender la presencia del organismo.
El mandato de la Cicig, según lo establecido en el Acuerdo, es investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala.
También colaborar con el Estado en la desarticulación de los mismos, promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes y recomendar políticas destinadas a erradicar esas organizaciones.
La Comisión ha investigado casos de impacto en el país, como el del expresidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004), detenido desde enero de 2010 por un caso de malversación de fondos públicos.
Portillo, que está encarcelado mientras se concreta su extradición a Estados Unidos, donde es procesado por lavado de dinero, fue absuelto por una corta guatemalteca en mayo pasado del cargo de malversación, lo que la Cicig condenó.
Esa absolución reflejó "el verdadero estado de la justicia en Guatemala, y confirma la misión de la Cicig de continuar su lucha contra la impunidad", señaló entonces la Comisión en un comunicado.
Dall'Anese sustituyó en junio de 2010 en el cargo al fiscal español Carlos Castresana, quien renunció por sus discrepancias con la actuación de las autoridades guatemaltecas en el combate a las redes criminales.
En una entrevista con Efe en Madrid en septiembre pasado, Dall'Anese afirmó al referirse al futuro de la Cicig que "desde la judicatura guatemalteca se están dando una serie de fallos y manifestaciones públicas para que se vaya de Guatemala".
Ello, "porque los jueces no van a tolerar que se les levanten las enaguas y que se vea que hay un alto grado de corrupción en el poder judicial", añadió el exfiscal costarricense.
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