"El gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante" indicó la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, en el extenso reporte, redactado tras una visita al país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015.
Para la Comisión, la estrategia militarizada para combatir el narcotráfico iniciada durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) e intensificado por su sucesor Enrique Peña Nieto, condujo a México a "una grave crisis de violencia y de seguridad" que "ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos".
La llamada guerra del narcotráfico ha dejado más de 100.000 muertos y desaparecidos desde finales de 2006.
El gobierno mexicano debe "reconocer que hay una crisis grave", dijo a la AFP el presidente de la CIDH, James Cavallaro, haciendo un llamado a reformular el combate al narcotráfico, especialmente en el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana.
"No podemos tolerar que las fuerzas militares asuman funciones no propias y que hagan eso con índices de abusos altísimos" que se saldan sin condenas para los responsables, añadió Cavallaro, que es relator para México.
Para contrarrestar esa tendencia, México debe "reorientar" su enfoque militar del combate contra el narcotráfico a uno con "perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública", según la CIDH.
El gobierno de Peña Nieto enfrenta duras críticas a nivel nacional e internacional por la situación de derechos humanos, especialmente tras la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en Ayotzinapa, un caso en el que se sospecha que hubo complicidad de agentes policiales y narcotraficantes, y que es investigado por un grupo de expertos de la CIDH.
La Comisión subrayó su "especial preocupación" por las denuncias de desapariciones -a manos de agentes del Estado o con su "aquiescencia".
El organismo también denunció el uso de la tortura y la proliferación de ejecuciones: el número de muertos en relación con los heridos en enfrentamientos con la policía llegó a ser más de veinte veces superior al indicador mínimo de "abuso de fuerza".
Pero las instituciones no están respondiendo de manera efectiva para detener y sancionar esas violaciones y atender a las víctimas, concluyó la CIDH en su reporte de 265 páginas.
Para el organismo, la "respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias", las "falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples", y los responsables no rinden cuentas "conforme a los estándares internacionales".
Ese panorama crea una "situación de inseguridad", especialmente para mujeres y niños, migrantes y activistas de derechos humanos, así como periodistas en México, uno de los países más peligrosos para el ejercicio de esa profesión, con cuatro comunicadores asesinados este año.
Muchos mexicanos se han convencido de que los esfuerzos por lograr justicia son solo una "simulación", indicó la CIDH en su abarcador informe.
Es "infeliz" porque, en contraste, el marco normativo mexicano ha dado grandes pasos en la protección de los derechos humanos, dijo Cavallaro.
rsr/ahg/jb
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios