CIDH se muestra flexible sobre medidas cautelares pero firme en "lista negra"

Lucía Leal

Washington, 24 oct.- La CIDH envió hoy a la OEA una propuesta para su propia reforma que muestra flexibilidad en asuntos como la concesión de medidas cautelares, pero firmeza en cuanto a la elaboración de la apodada "lista negra" del continente en derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondió hoy, en un extenso documento enviado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las recomendaciones aprobadas el pasado enero por los 35 países miembros de ese segundo organismo, al que pertenece de forma autónoma.

Tras un largo proceso de evaluación y de consulta de las recomendaciones con organizaciones civiles, la CIDH se posicionó sobre todas ellas, aunque no de manera definitiva, sino a modo de propuestas que deberán ser debatidas con los Estados y la sociedad civil en dos audiencias el próximo martes 30 de octubre.

"Este documento confirma la voluntad de la Comisión de escuchar a todos los actores y atender sus inquietudes para que se puedan realizar las reformas necesarias a fin de que América cuente con un sistema de derechos humanos fortalecido", dijo a periodistas el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

En el documento de más de 50 páginas, la comisión se compromete a "reflexionar sobre la eficacia" del Capítulo IV de su informe anual, conocido popularmente como su "lista negra" y dedicado a señalar a los países del continente que no cumplen en derechos humanos, en el que el año pasado incluyó a Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras.

Sin embargo, el organismo se niega a ampliar ese capítulo para que abarque a los 35 Estados miembros de la OEA en lugar de hacer una selección, como pedía una de las recomendaciones.

El análisis de algunos países que generan "especial preocupación" en torno a sus derechos humanos "no obsta a que la situación de los países que no están en el Capítulo IV sea atendida por la Comisión a través de sus otros mecanismos", apunta el documento.

Aún así, la CIDH asegura que "buscará perfeccionar los criterios de inclusión de los países" y adelanta que se plantea eximir de ese capítulo a los países que reciban ese año una visita de la comisión, cuya situación sería analizada en un informe aparte.

Esa propuesta puede interesar especialmente a Venezuela, que no ha permitido ninguna visita de la CIDH desde 2002 debido a su desaprobación del anterior secretario ejecutivo, Santiago Canton, y que podría cambiar de opinión ahora que Icaza dirige el organismo.

El propio titular de la OEA, José Miguel Insulza, había expresado públicamente su respaldo de la recomendación que instaba a "revisar los criterios y metodologías" en la elaboración del Capítulo IV.

Con esa excepción, la CIDH evita oponerse rotundamente a las recomendaciones y se compromete a mejorar sus procedimientos en cada una de las áreas.

En el caso de las medidas cautelares que concede con carácter de urgencia para proteger a personas o colectivos en situación de riesgo, se compromete a adoptar "resoluciones" que expliquen en detalle por qué otorga cada una de ellas.

También accede a revisar "a la mayor brevedad" las medidas cautelares cuando las adopte sin consultar previamente a los Estados, para comprobar "su vigencia, modificarla o levantarla en su siguiente periodo de sesiones".

No obstante, se muestra reticente a cambiar los plazos que otorga a los Estados para implementar las medidas, que oscilan entre las 48 horas y los 20 días, al considerar que ese factor "no debe tener el efecto de frustrar el objeto útil de las medidas cautelares".

En cuanto a reequilibrar los fondos otorgados a sus relatorías, el organismo recuerda que sus recursos son "insuficientes" y que sólo con nueva financiación podrá "equipararlos 'para arriba', atendiendo a las necesidades de cada unidad".

La CIDH se compromete también a elaborar un informe "sobre la no ratificación universal de la Convención Americana de Derechos Humanos", dado que nueve países del continente no la han suscrito y Venezuela la denunció el pasado 10 de septiembre.

Además, el organismo formaliza su compromiso de mantener reuniones anuales con cada uno de los países y promete aumentar sus labores de promoción de los derechos humanos.