Cinco empresarios y un abogado, detenidos por estafar a la Seguridad Social

Pamplona, 14 feb.- La Policía Nacional ha detenido a cinco empresarios y a un abogado como presuntos autores de varios delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible, ya que dejaron de pagar 455.352 euros en cuotas en las sucesivas siete empresas relacionadas con la construcción que crearon para cometer el fraude.

Las empresas, tanto promotoras como de construcción y reformas de viviendas, fueron creadas desde el año 2008 y sus gestores principales eran J.M.F.M. y A.M.S.M., si bien estaban participadas en propiedad minoritaria por el resto de los detenidos, R.R.V., M.E.R.T., A.M.M.R. y A.R.G.

Fuentes de la Policía Nacional han indicado a Efe que las empresas trabajaban en Navarra y que su delito se circunscribe al fraude con la Seguridad Social o con Hacienda, ya que pagaban a los trabajadores y no cumplían con sus clientes los trabajos acordados.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la trama consistía en eludir el cumplimiento del pago de cuotas por seguros sociales y, cuando alcanzaban una determinada deuda, daban de baja a todos sus trabajadores y creaban una empresa nueva con otro nombre, pero con el mismo personal y la misma oferta de servicios.

Las investigaciones policiales comenzaron tras recibir de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra información de irregularidades sobre un grupo de empresas relacionadas con el sector de la construcción.

Entre los seis presuntos estafadores se encuentra un abogado, R.R.V., quien "instrumentalizaba el historial de las empresas" para eludir el pago, según la policía.

Tras una "ardua" investigación policial, dado el entramado de empresas, se llegó detectar que la deuda en el momento de la detención de los implicados alcanzaba los 455.352,28 euros, y se demostró la unidad de administración de las empresas mercantiles, la unidad de patrimonio conjunto y el cruce de facturación, "todo ello con el ánimo defraudatorio de eludir los impuestos".

Las mismas fuentes indican que para que la deuda a la Seguridad Social o a la Tesorería General de Hacienda se considere delito se tiene que alcanzar los 120.000 euros de impago.