CiU interpela al Gobierno por el impacto social del déficit en las autonomías

Madrid, 22 abr.- El Gobierno responderá hoy en la sesión de control del Senado a una interpelación de CiU sobre el impacto social y económico que está teniendo en las diferentes administraciones y en los dos últimos años la política de reducción del déficit público.

La interpelación, que defenderá el senador de CiU Ferran Bel, aborda las perspectivas de revisión de los objetivos de estabilidad para el período 2014-2017.

Cataluña ha reclamado ya revisar al alza el objetivo marcado para 2014, que es del 1 por ciento, pues lo considera injusto e, incluso, "ilegal", porque el Estado se da mucho más margen del que concede a las comunidades autónomas.

Para Bel es "imprescindible" reducir el déficit con el objetivo de salir de la crisis, pero la manera en que se está haciendo traslada a los ciudadanos y a la actividad económica el peso de la "austeridad pública, acompañado del aumento de la presión fiscal".

El texto de la iniciativa de CiU defiende que, a pesar de que la reducción del déficit tiene "un amplio consenso" entre los partidos, el "cómo hacerlo y cómo distribuir esa reducción" presenta las principales discrepancias.

Su argumentación expone que hasta 2011 la reducción del déficit en todas las administraciones se hizo con "cierta proporcionalidad", pero destaca que, a partir de 2012, el Gobierno ha concentrado la austeridad en las administraciones local y autonómica", mientras que en la administración central ha incrementado ese déficit hasta un 4,33 % del PIB.

Por ello, CiU considera que concentrar la reducción del déficit en las administraciones territoriales da "características ideológicas y de modelo de estado a la actual crisis" ya que se concentra en políticas de educación, de sanidad y de asistencia social gestionadas por las comunidades.

Para CiU reducir el déficit es "una cuestión de Estado" por lo que no comprende la "escasa solidaridad" del Gobierno con las autonomías y "la lentitud en la reforma y reducción del gasto de la administración central".

Además también indica que no se comprende que la recaudación por la subida de impuestos impulsada por el Gobierno en los dos últimos años haya sido reservada a la administración central y no se haya repartido de manera proporcional entre las diferentes administraciones.