CiU se plantea detener la consulta soberanista tras el el fallo del 'TC catalán'

Barcelona.- CiU se plantea revocar la tramitación parlamentaria del referéndum de autodeterminación de Cataluña tras el dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias, que considera que esta iniciativa popular es contraria al Estatut, han explicado a Efe fuentes de la federación nacionalista.

El 8 de junio, la Mesa del Parlament dio luz verde, con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA, a la tramitación de esta iniciativa popular auspiciada por el diputado de ERC Uriel Bertran y por el jurista y militante de CDC Alfons López Tena.

En ese momento, CiU justificó su voto a favor de la admisión a trámite de la propuesta porque venía avalada por un informe jurídico elaborado por los letrados del Parlament.

No obstante, la publicación del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias -considerado una suerte de 'Tribunal Constitucional catalán'-, que cuestiona la validez de la idea, puede hacer reconsiderar las cosas.

El PSC y el PP de Cataluña, que fueron los grupos que pidieron el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, ya han registrado una solicitud formal para que la Mesa reconsidere la admisión a trámite de la iniciativa popular sobre el referéndum.

Fuentes de la federación nacionalista han explicado a Efe que, si los letrados del Parlament tienen en cuenta el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y se desdicen de su aval inicial a la iniciativa popular, CiU modificará igualmente su postura y se decantará probablemente por revocar su admisión a trámite.

Las mismas fuentes han recordado además que el próximo martes, cuando se prevé que la Mesa revise este asunto, posiblemente se conocerá ya el contenido completo de la sentencia del TC sobre el Estatut, que puede afectar sustancialmente al apartado relativo a consultas populares.

Esto añadiría aún más confusión en torno a la validez de la ley de consultas populares por vía de referéndum, base legal de la iniciativa popular, aprobada con el apoyo del tripartito y la oposición de CiU, que ve muchas lagunas en la norma.

En cuanto a los otros partidos que dieron el visto bueno a esta propuesta, ICV-EUiA no ha decidido todavía qué hacer, mientras que ERC tiene claro que el proceso debe continuar, puesto que la opinión del Consejo de Garantías Estatutarias "no detiene el proceso", ha asegurado a Efe el diputado de ERC Pere Aragonès.

El dictamen concluye que la iniciativa es "contraria" a dos artículos del Estatut: el 29.6, que se refiere al derecho de los catalanes a promover consultas populares, y el 122, que concede a la Generalitat la competencia exclusiva sobre esta materia, pero que está pendiente de la sentencia del TC.

Por unanimidad, el informe, elaborado por el jurista Jaume Vernet, elegido a propuesta de ERC, sostiene que la iniciativa "está claramente fuera de la competencia autonómica".

"Para que el Parlament lleve a cabo las iniciativas necesarias para hacer efectiva la voluntad popular, ¿está de acuerdo con que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?", preguntaban los promotores de la iniciativa popular a los catalanes.

El Consejo de Garantías Estatutarias, que emite informes no vinculantes, subraya que la cuestión planteada es "imprecisa y equívoca", puesto que "no es posible saber con exactitud qué tipo de iniciativas del Parlament son necesarias a tenor de la pregunta".

Además, "determinados promotores de una iniciativa no pueden forzar al Parlament a hacer uso de sus prerrogativas", aunque se trate de un referéndum "consultivo", y su actividad "se ha de ceñir" al "ámbito estricto de las competencias de la Generalitat".

Aun así, recuerda que el Parlament podría "iniciar la revisión constitucional para incluir el derecho de una nacionalidad a separarse del Estado español", aunque admite la complicación de que un Estado acepte un proceso "aconstitucional", pese a recordar el caso de Quebec.

El dictamen al Consejo de Garantías fue solicitado por PP y PSC aprovechando las posibilidades de la ley de consultas, que prevé que, pasado el filtro de la Mesa del Parlament, los promotores deberán recoger en seis meses las firmas del 3% de la población catalana y entregarlas a la Junta Electoral.