Los actos sanitarios en primer lugar, seguidos por los accidentes de tráfico derivados del estado de las vías y las caídas peatonales por la mala conservación de las ciudades son los principales asuntos que requirieron un pronunciamiento de este órgano consultivo, que vela por preservar la posición del individuo cuando es lesionado por un incorrecto funcionamiento de esta clase de servicios.
Así lo ha detallado en una entrevista concedida a Europa Press el presidente Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, quien ha explicado que en los últimos ejercicios se ha incrementado el número de dictámenes vinculados a esta materia, que el año pasado superaron los 440.
Han sido más de 800 dictámenes los que en total ha emitido este órgano consultivo durante 2016, con una media mensual de ochenta aproximadamente, en los que se han atendido procedimientos legislativos y la potestad reglamentaria de la Administración, además de defender los derechos de la sociedad en materias de trascendencia como el buen uso del suelo, combatiendo la especulación y los daños al medioambiente.
Cano Bueso ha destacado que al órgano que preside le han llegado este año más asuntos vinculados con la contratación administrativa de obra pública, lo que evidencia que este segmento económico está empezando a tener más actividad.
Concretamente, el 11,4 por ciento de los dictámenes estuvieron vinculados a esta materia, sobre todo en lo que se refiere a la resolución de contratos por parte de la Administración, por incumplimiento de alguna de los partes, lo que requiere un dictamen de este órgano.
Cano Bueso ha destacado que el Consejo Consultivo de Andalucía siempre se ha sentido "respaldado por el Gobierno, el Parlamento y las distintas fuerzas políticas y sociales" sintiendo que realiza una tarea útil y necesaria, sobre todo en el caso de las entidades locales.
La institución tiene pendiente la renovación de algunos de sus cargos, algo que confía en que se produzca a lo largo del primer trimestre del año y en lo que espera, ha dicho, que el Consejo de Gobierno "acierte" en tanto que las personas escogidas no pueden ser cesadas a lo largo de cinco año al objeto de "evitar presiones", "garantizando la imparcialidad y neutralidad política".
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