El grupo, conformado por cinco fiscales, seis investigadores y otros analistas, investigará la muerte del activista juvenil John Jairo Ramírez, ocurrida el 9 de noviembre en el puerto de Buenaventura (oeste), así como los asesinatos el 13 de noviembre de Daniel Abril, dirigente campesino en el municipio de Trinidad (centro), y Luis Francisco Hernández, líder de restitución de tierras en el de Tierralta (noroeste).
"La Fiscalía rechaza enfáticamente los homicidios cometidos contra defensores de derechos humanos, que obstaculizan la construcción de una paz duradera y sostenible", dijo en rueda de prensa Miguel La Rota, director de Políticas Públicas de la entidad.
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) buscan desde noviembre de 2012 en Cuba poner fin a una conflagración interna que ha involucrado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y narcotraficantes, y que ha dejado al menos 220.000 muertos y unos seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
Los fallecidos integraban movimientos de víctimas del conflicto armado o participaban en movimientos sociales en sus territorios.
"En medio de los importantes esfuerzos que vienen haciendo el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC por acordar el fin del conflicto y sentar las bases para construir la paz en todas las regiones del país, son altamente preocupantes estos hechos", afirmó por su parte el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) al rechazar las muertes.
"Por ello, Acnur hace un llamado a que sea respetada y protegida la vida de las víctimas y sus representantes, con garantías suficientes para ejercer su liderazgo", agregó en un comunicado emitido el miércoles.
Acnur reveló además que continúan las amenazas de muerte contra otros activistas que trabajaban con las víctimas.
La ONG de derechos humanos Cooperación Colombia-Europa-Estados Unidos ya había condenado este martes los homicidios.
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