Comisión especial hará reforma integral de la seguridad pública en Honduras

  • El Gobierno hondureño instaló hoy una comisión especial, integrada por personalidades nacionales e internacionales, para acometer una reforma integral de la seguridad pública, incluida la depuración de la Policía, a la que con frecuencia se vincula a la criminalidad extrema que vive el país.

Tegucigalpa, 1 jun.- El Gobierno hondureño instaló hoy una comisión especial, integrada por personalidades nacionales e internacionales, para acometer una reforma integral de la seguridad pública, incluida la depuración de la Policía, a la que con frecuencia se vincula a la criminalidad extrema que vive el país.

"Honduras tiene muchos retos" en materia de seguridad, dijo el presidente de ese país, Porfirio Lobo, quien indicó que la comisión instalada hoy se encargará de hacer los cambios "necesarios para lograr una coordinación exitosa en el proceso de la seguridad y la aplicación de la justicia en el país".

La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, creada por Lobo en marzo pasado, está integrada por el secretario de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, el general retirado de los carabineros de Chile Aquiles Blu y los hondureños Víctor Meza, Matías Funes y Omar Casco.

"Estamos cansados de no poder generar un sistema en el que los operadores de justicia garanticen y den confianza a la ciudadanía", indicó Lobo, quien advirtió de que los cambios que hará la comisión no se verán "de inmediato".

El gobernante enfatizó que la responsabilidad de la comisión será depurar las instituciones operadoras de justicia de Honduras ante el "clamor del pueblo, que cada vez grita más porque haya justicia" y se le ponga fin a la inseguridad.

Lobo hizo un llamamiento a los operadores de justicia para que no vean el trabajo de la comisión como "una intervención, sino como una necesidad" de tener instituciones "sólidas, fuertes y transparentes".

Matías Funes, uno de los miembros del grupo, dijo que la comisión "trabajará por el adecentamiento de todos los operadores de justicia".

"Se trata de coordinar todos los eslabones que forman parte de este esquema de seguridad que necesita mejorarse para bien del país", indicó Funes, quien aseguró que su objetivo es hacer "una reforma integral de la seguridad pública" de Honduras, donde a diario son asesinadas un promedio de 19 personas.

En 2011 Honduras registró una tasa de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy superior a la media Latinoamérica de 20 y a la mundial de 8,8, según datos del estatal Comisionado de los Derechos Humanos divulgados en marzo pasado.

Desde noviembre pasado la Policía hondureña está en proceso de depuración por la implicación de agentes y oficiales en delitos como homicidios, narcotráfico y robo de vehículos, entre otros.

La propia Policía ha sido objeto en los últimos trece años de más de 5.500 denuncias en contra de sus agentes y oficiales involucrados en delitos como homicidios, narcotráfico, extorsión y secuestros.

Uno de los casos más recientes en el que se ha visto implicado un agente de la Policía es el secuestro y posterior asesinato del periodista Alfredo Villatoro.

El 21 de mayo pasado el ministro hondureño de Seguridad, Pompeyo Bonilla, confirmó que Miguel Ángel Álvarez, un reo que está implicado en el secuestro y muerte de Villatoro y quien cumple una condena por homicidio en un presidio del oriente del país, es policía y que, además, seguía recibiendo su salario.

Villatoro, quien era coordinador de noticias de la influyente radio HRN en Tegucigalpa, fue secuestrado el 9 de mayo y asesinado el 15 de mayo de dos balazos en la cabeza.

En Honduras, desde 2003 hasta la fecha, han sido asesinados 29 periodistas, sin que ningún caso haya sido esclarecido, según el estatal Comisionado de Derechos Humanos.

Otra situación que evidencia la precariedad del sistema de seguridad de Honduras son sus 24 cárceles, carentes de las instalaciones físicas y las medidas de control adecuadas, y en las que impera la sobrepoblación y el hacinamiento.

Los casos de tiroteos y motines en las cárceles son frecuentes en Honduras, donde también se han registrado tragedias como el incendio que el 14 de febrero pasado causó la muerte a 360 reos y a una mujer que visitaba a su marido preso, en la Granja Penal de Comayagua, unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

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