Sevilla, 7 abr.- El Comité contra la Tortura de la ONU ha admitido una denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) contra Marruecos por deportar, en diciembre de 2006, a 42 subsaharianos reconocidos como refugiados por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas (ACNUR).
El abogado sevillano Alberto Revuelta, responsable jurídico de CEAR-Sur, asegura en su denuncia que como consecuencia de la actuación de la Policía marroquí una mujer sufrió un aborto y otras dos fueron violadas repetidamente tras ser abandonadas en el desierto, en la frontera con Argelia.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2006, pero hasta ahora el Alto Comisionado para los Derechos Humanos no ha anunciado oficialmente la tramitación de la denuncia, ya que Marruecos se opuso a su admisión pues desmintió los malos tratos y que los expulsados tuviesen documentos acreditativos de ser solicitante de asilo o refugio.
La investigación se ha abierto por presunta vulneración del artículo 3 de la Convención contra la Tortura, según el cual ningún estado "procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura".
La demanda, a la que ha tenido acceso Efe, dice que en la madrugada del 23 al 24 de diciembre de 2006 la Policía marroquí penetró de forma violenta en varias viviendas de Rabat en una operación contra la inmigración clandestina y detuvo a 248 subsaharianos, de los cuales 42 tenían reconocida la condición de refugiados por el ACNUR y portaban la documentación correspondiente.
La Policía marroquí hizo caso omiso de tales documentos, que "rompió o destrozó como algo inservible", según la denuncia, además de penetrar en las viviendas sin órdenes de registro judicial y sin ofrecer posterior asistencia letrada a los detenidos.
Como consecuencia de la actuación policial, una mujer sufrió un aborto, un enfermo de asma y paralítico del lado izquierdo del cuerpo fue golpeado y otro hombre perdió el conocimiento a causa de los golpes, añade la denuncia.
Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la frontera con Argelia, donde fueron abandonados "en pleno desierto, sin protección, sin ropa de abrigo ni alimentos" y les amenazaron con ser disparados si intentaban volver a Marruecos.
Los refugiados se dividieron en grupos y vagaron perdidos por el desierto, situación en la que una mujer congoleña de 27 años identificada como C.W.K. fue violada por tres hombres que, según la denuncia, podrían ser militares marroquíes.
La otra violada fue una angoleña de 16 años, identificada como P.M.M., agredida por "tres chicos morenos que hablaban inglés".
Ambas mujeres consiguieron llegar a la localidad marroquí de Oujda, donde Médicos sin Fronteras certificó las agresiones que habían sufrido.
Los denunciantes son 36 hombres y 6 mujeres, de los que 16 son nacionales de la República Democrática del Congo; 2 del Congo Brazaville; 23 de Costa de Marfil y una de Angola.
Según Marruecos, la orden de expulsión de 230 inmigrantes de origen subsahariano en situación irregular no se refería a ninguno de los denunciantes y además la operación mencionada "se desarrolló con estricto respeto a los procedimientos previstos en la ley", "nunca ha expulsado a extranjeros que se encuentren de manera legal o sean beneficiarios del estatuto de refugiados" y "algunas de las personas afectadas por la orden estaban en posesión de solicitudes de asilo falsas proporcionadas por redes de traficantes".
También argumentó que no se agotaron los recursos internos y no se presentó ninguna queja a nivel interno en relación con los hechos denunciados.
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