Madrid, 6 feb.- La Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a Ali Abdullah Olmo Rey, un musulmán converso que publicó en internet vídeos y textos de contenido integrista y amenazó por carta al imán y dos responsables más de la mezquita de Los Palacios, en Sevilla.
Según la sentencia de conformidad de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, el condenado, de 30 años de edad y nacido en Morón de la Frontera, evolucionó desde su conversión al Islám a "posturas integristas o cuando menos radicalizadas" que mostraba mediante publicaciones que elaboraba él mismo y colgaba en internet bajo tres pseudónimos.
En estos textos y vídeos, algunos de los cuales publicaba en su página de Facebook, propagaba "ideas yihadistas de corte salafista radical, incitantes a conductas que ponía como modelo y generadoras de riesgo de atentados, como ha demostrado la experiencia en los últimos atentados ocurridos en Marruecos o Francia", relata la sentencia.
Así, entre otras cosas, en 2006 se quejó contra el Gobierno danés por la publicación de caricaturas de Mahoma o Alá, en 2009 se pronunció a favor de torturar a los homosexuales y habló de Andalucía como territorio islámico, y en 2011 incitó a combatir en la yihad contra los infieles y publicó un vídeo titulado "Maten a los judíos".
Además, en conversaciones intervenidas al condenado se reflejaba su obsesión con que era vigilado por agentes de policía, a los que se refería como "perros" y sobre quienes, según se constató con la incautación de su ordenador, había elaborado informes de "seguimiento".
El condenado tuvo varias divergencias con los responsables de la comunidad islámica y la mezquita de Los Palacios y su imán le llegó a invitar a no rezar en ella, tras lo que les hizo llegar una carta amenazante escrita por él.
Ali Abdullah Olmo Rey se conformó con la pena de un año de cárcel pedida por el fiscal por un delito de enaltecimiento del terrorismo, así como con la multa de 270 euros por tres delito de amenazas.
Además de estas condenas, la sala le impone el pago de 800 euros a los amenazados en concepto de daño moral.
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