Constitucional húngaro enmienda "ley mordaza" por limitar libertad de prensa

Budapest, 19 dic.- El Tribunal Constitucional (TC) húngaro enmendó parcialmente la polémica ley de medios, conocida por sus críticos como "ley mordaza", porque abría la posibilidad de "limitar la libertad de prensa".

La alta corte enmendó algunos aspectos de la ley relativos a la regulación del contenido de los medios impresos y a la divulgación de fuentes e informaciones adicionales por parte de los periodistas, entre otros aspectos.

En concreto, el TC destaca que los párrafos de la ley que indican que el periodista sólo puede proteger a sus fuentes cuándo las informaciones sirvan para intereses comunes, "abre una amplia posibilidad para limitar la libertad de prensa", según el fallo publicado por la corte.

También solicitó al Parlamento precisar en qué circunstancias se puede obligar a un periodista a revelar sus fuentes, al subrayar que "es constitucional sólo en casos excepcionales, bajo control judicial y cuando las autoridades no pueden acceder a las informaciones necesarias".

El tribunal anuló también el cargo de comisario de Medios y de Servicios de Informaciones, que cuenta con la competencia de investigar los agravios de intereses, calificado por el TC como "una considerable intervención estatal" en el trabajo periodístico.

Además el Constitucional critica que en la ley no se especifique cuáles son los intereses que el comisario debía defender, lo que abría un gran espacio interpretativo.

También limita las competencias de la Autoridad Nacional de Medios y de Servicios de Informaciones, anulando el párrafo que determina que éste puede exigir datos en procesos legales a los medios de comunicación.

Dicha autoridad también tenía la competencia de velar por los derechos humanos, la dignidad y la vida privada de los ciudadanos que aparecen en los medios, algo que el TC consideró "una limitación anticonstitucional de la libertad de prensa".

La ley de medios, aprobada por los diputados del Gobierno conservador de Viktor Orban en diciembre de 2010, provocó duras críticas en muchos países europeos y de la propia UE al considerar que cercena la libertad de prensa.