Pese a que se acaban de cumplir ocho años de la huelga de controladores que provocó la mayor crisis de tráfico aéreo en el país, la Justicia todavía no ha rendido todas sus cuentas sobre este asunto. De hecho, aunque se han acogido vistas en varias ciudades de España, sigue pendiente de celebrarse la más multitudinaria, en la capital, por el colapso que se produjo en el aeropuerto de Barajas el Puente de la Constitución de 2010.
A falta de conocerse la fecha de arranque del juicio, los 195 controladores que se sentarán en el banquillo de los acusados lo harán tras haber alcanzado un principio de acuerdo de conformidad con la Fiscalía, dado que les acusará únicamente por el delito de abandono de las funciones públicas. Y ello pese a que el juez que instruyó la causa incluyó en su auto de procesamiento los tipos penales de falsedad documental y sedición (este último lleva aparejadas penas de hasta 15 años de prisión).
Además, hay que tener en cuenta que muchos de los perjudicados que se personaron, ya han sido resarcidos económicamente por el cierre del espacio aéreo en la capital que derivó en la pérdida de los viajes programados para esos días de vacaciones. Los controladores acusados libraron fondos por valor de 14 millones de euros, parte de los cuáles ya están en los bolsillos de aquellos que alcanzaron acuerdo extrajudicial.
Aún así, todavía quedan más de 12.500 afectados, defendidos todos ellos por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que siguen a la espera de que se celebre el juicio por unos hechos que afectaron a un total de 700.000 pasajeros y que provocó la cancelación de 5.000 vuelos en toda España. De hecho, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid que dirigió la investigación detalló que ellos son los únicos culpables del "plante" colectivo los días 3 y 4 de diciembre pese a que responsabilizaran directamente a Aena y al propio Gobierno tras introducirse cambios legales sobre la duración de su jornada laboral.
El juez expuso en su escrito, con fecha de 12 de abril de 2014, que el hecho de que la nueva normativa implicara más horas de trabajo y disminución de una media del 30 por ciento de salario, no justificaba la huelga salvaje que llevaron a cabo y que, "dado la excepcionalidad absoluta de la situación", obligó al Ministerio de Defensa a asumir el control del espacio aéreo. También les acusó de ponerse de acuerdo para solicitar la baja médica por incapacidad de forma simultánea.
Mismo devenir que el juicio de Palma
Con todo, fuentes de la investigación consultadas por este diario explican que los controladores acusados buscarán llegar a un acuerdo extrajudicial con los damnificados que todavía no se han adherido al mismo y sellar la conformidad con el Ministerio Público al arranque de la vista. Mismos pasos que se produjeron en el último procedimiento judicial por estos hechos, celebrado en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el pasado mes de octubre. La vista concluyó con la condena de 73 de los más de 80 controladores enjuiciados después de que estos reconocieran el daño provocado.
Precisamente, el hecho de que hayan transcurrido ocho años desde que se cometieran los hechos, y de que los acusados estén dispuestos a asumir las graves repercusiones que derivaron de esa huelga hará, casi con total seguridad, que el tribunal tenga en cuenta la atenuante de dilación indebida y el reconocimiento de culpa. También considerará el resarcimiento del daño a los pasajeros afectados tras la disposición de 14 millones de euros a modo de inmdenización.
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