Correa participó en audiencia contra legislador acusado de injurias

Quito, 12 abr.- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, participó hoy en una audiencia judicial contra un legislador de su país, a quien acusa de injurias por haber insinuado que durante una revuelta policial, el 30 de septiembre de 2010, el mandatario fingió su rescate.

En agosto del 2011 el asambleísta opositor, Cléver Jiménez, del movimiento indígena Pachakutik, puso en duda la versión del Ejecutivo en el sentido de que en aquella revuelta el mandatario fue retenido por policías en un hospital de la institución, del que fue rescatado tras una operación militar en medio de un intenso tiroteo.

Según Jiménez, Correa presuntamente se refugió en una universidad cercana al hospital policial, desde donde, según él, preparó su rescate y volvió a la casa de salud para ser liberado.

Esa denuncia no fue acogida por la Corte Nacional de Justicia que la calificó de temeraria y maliciosa, al no haber demostrado sus acusaciones, por lo que el mandatario inició un juicio contra Jiménez.

También lo hizo contra el exdirigente sindical petrolero Fernando Villavicencio y el especialista Carlos Figueroa, de la Federación Médica Ecuatoriana, que acusaron al mandatario de supuestos crímenes de lesa humanidad por haber ordenado a los militares disparar durante la operación de rescate en el hospital policial.

Pese a que Jiménez goza de inmunidad parlamentaria, Correa, en un momento de la audiencia, aseguró que ésta se aplica "para las funciones inherentes a su cargo" y "no para cometer delitos impunemente".

"Se ha hecho un mal uso de la figura de la inmunidad, esta debe ser usada para la fiscalización, no para insultar, para demostrar su odio al presidente. Inmunidad para las funciones inherentes a su cargo no son insultar, lanzar acusaciones falsas", agregó.

El mandatario dijo que si gana el proceso, cuyo fallo debe emitirse en pocos días, la jueza que lleva el caso, Lucy Blasio, deberá fijar una indemnización, cuyo monto será donado por él a obras de beneficencia.

De su lado, el abogado de Jiménez, Julio César Sarango, indicó que es el presidente Correa, como demandante, quien debe "probar" que el legislador "ha cometido algún delito".

Jiménez "no ha cometido ningún delito" porque ha estado "haciendo uso de sus facultades como asambleísta", añadió Sarango.

En la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, el presidente ecuatoriano estuvo retenido por más de nueve horas en un hospital policial, donde se refugió tras ser agredido por agentes que, por sorpresa, efectuaron ese día una protesta por asuntos salariales.

En la noche, efectivos militares y policiales leales a Correa, efectuaron una operación de rescate, en medio de un intenso tiroteo, en el que resultaron cinco personas muertas, decenas de heridas y que puso fin al episodio, al que el Ejecutivo calificó como un "intento de golpe de Estado".