Quito, 6 sep.- La sala tercera de la Corte de Justicia de la provincia ecuatoriana de Pichincha ratificó la inocencia del coronel Cesar Carrión, quien estaba imputado de intento de magnicidio contra el presidente del país, Rafael Correa, durante la sublevación policial del 30 de septiembre del año pasado.
La corte, con sede en Quito, no dio paso a la apelación presentada por los abogados del Gobierno, que habían impugnado el fallo de inocencia que en mayo pasado dictó un tribunal de garantías penales en primera instancia.
No obstante, hoy la sala tercera cambió el fallo de inocencia por el de culpables contra otros tres agentes imputados, los policías Luis Martínez, Marco Paucar y Luis Bahamonde, que fueron condenados a dos años de prisión.
En mayo pasado el coronel Carrión y los agentes Martínez, Paucar y Bahamonde fueron declarados inocentes de los cargos imputados, incluido el de intento de magnicidio, por el Quinto Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.
Carrión, que durante la sublevación se desempeñaba como director del hospital policial donde Correa estuvo retenido, fue acusado de negarse a abrir la puerta de ese centro cuando el mandatario intentaba refugiarse del asedio de los manifestantes.
Por su parte, Bahamonde es acusado de lanzar gas lacrimógeno a Correa durante la rebelión, Paucar de quitarle la máscara antigases y Martínez de pedir que lo matarán a través de la frecuencia interna de la Policía.
En junio pasado, otro tribunal condenó a tres años de prisión a otro imputado, el excoronel Rolando Tapia, acusado de atentar contra la seguridad del Estado durante la rebelión policial.
Otros cinco policías (Francisco Noboa, Patricio Simancas, Marco Tibán, Mario Flores y Carlos Tasinchana) también fueron condenados por ese tribunal con penas que van de un año a 18 meses de prisión.
Esas fueron las primeras sentencias por la rebelión del 30 de septiembre, durante la cual Tapia era jefe de la escolta policial de la Asamblea Nacional.
El oficial fue acusado de impedir el ingreso de legisladores, de ordenar borrar los vídeos de seguridad de ese día y de no evitar la agresión a asambleístas del oficialismo.
Según datos del Gobierno, 1.199 policías y militares protagonizaron el 30 de septiembre de 2010 una inédita protesta salarial que luego derivó en un alzamiento de proporción.
El presidente Correa, que había acudido esa mañana a hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue agredido y se refugió en un hospital de la policía, del que sólo pudo salir en la noche tras una operación de rescate, en medio de un intenso tiroteo.
Correa consideró que en esa jornada, en la que fallecieron unas ocho personas, hubo un intento de golpe de Estado en su contra, instigado por grupos de oposición y "malos oficiales" de la Policía.
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