Bogotá, 2 ago.- La Corte Constitucional de Colombia ordenó hoy al Ministerio de Defensa devolverle a la etnia jiw en los próximos seis meses un territorio ocupado por una escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina en su resguardo ancestral de Barrancón, en el departamento del Guaviare.
Según el Auto 173 de 2012, firmado por el presidente de la Sala Especial de Seguimiento, Luis Ernesto Vargas, el área que ha de ser entregada corresponde al resguardo jiw de Barrancón, y en ese proceso el ministerio debe estar acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social de Cáritas y las Naciones Unidas.
Este fallo se da entre los reclamos de otro pueblo indígena colombiano, el nasa del departamento del Cauca (suroeste), para expulsar de sus territorios ancestrales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército y a la Policía.
De hecho, el pasado 11 de julio aborígenes nasa desalojaron a empujones una base militar instalada en el Cerro de Berlín en el resguardo de Toribío, aunque las autoridades colombianas la retomaron al día siguiente y el Gobierno remarcó que el territorio no será desatendido.
El auto del Constitucional comprende otras medidas para proteger a los pueblos jiw y nukak en los departamentos del Guaviare y del Meta, pues se encuentran "en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección".
"Éstos (aborígenes) continúan siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el desplazamiento forzado que padecen", añade el auto del Constitucional colombiano.
De hecho, según el tribunal, tres indígenas jiw han sido víctimas en accidentes por municiones sin explotar que fueron halladas en el resguardo Barrancón, en las inmediaciones de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.
La cartera de Defensa, que encabeza el ministro Juan Carlos Pinzón, deberá también presentar un informe sobre las actuales condiciones de seguridad en los territorios ancestrales jiw del Meta, para estudiar la entrada de una misión del Estado que pueda analizar la situación en los resguardos de Mocuare y Barrancón.
Por su parte, Pinzón pidió en declaraciones a los periodistas que se revise el fallo, y aunque sostuvo que lo respeta y lo acata, anunció que el Ministerio de Defensa presentará "recursos legales".
Asimismo, descartó que esta situación tenga que ver con la que se vive en el Cauca, pues en Meta y Guaviare "la relación entre las Fuerzas Militares y la comunidades indígenas es magnífica, es una relación estrecha".
Sin embargo, el director de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Evelis Andrade, insistió en la necesidad de "dialogar y de buscar una salida al asunto del Cauca".
"Y si una base militar o la instalación se hace en un resguardo, en una comunidad y la pone en riesgo, pues tiene que ser revisada", agregó el líder nativo.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) deberá hacer un estudio de los terrenos disponibles en arriendo o compra en el Meta y el Guaviare para reubicar temporalmente a las comunidades jiw desplazadas por cuenta del conflicto armado interno.
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