La CPI admite que tras el golpe se cometieron "violaciones a los derechos humanos (...) y que estas fueron directamente imputables a las autoridades del régimen que tomó el poder", pero indica carecer de un "fundamento razonable" para catalogarlas como "crímenes de lesa humanidad" sobre los cuales el tribunal tiene la facultad para investigar.
bur-js/age
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