Bruselas, 22 feb.- La Corte Penal Internacional (CPI) pidió hoy a Chad que explique, como muy tarde el próximo 14 de marzo, la razón por la que no detuvo al presidente sudanés, Omar Al Bachir, cuando visitó ese país los pasados días 15 y 16 de febrero.
En una orden publicada hoy, la Sala Segunda de Instrucción de la CPI exige a Chad explicaciones sobre su "presunta inacción a la hora de ejecutar las solicitudes de detención y entrega a la Corte" de Al Bachir y sobre la razón por la que no ha consultado al tribunal sobre los motivos que hubieran podido impedir el arresto del presidente sudanés.
El pasado día 15, la CPI recordó a Chad y a Libia (país no signatario del Estatuto de Roma por el que se instituyó dicho tribunal) que deben detener a Al Bachir y entregarle si visita estos dos países.
En la nota se recordó a Chad y a Libia sus obligaciones con respecto a la detención y entrega de Al Bachir, pues Yamena es signatario del Estatuto de Roma desde enero de 2007 y Trípoli debe cumplir con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2005, que "insta" a todos los Estados y organizaciones regionales e internacionales a "cooperar plenamente" con la CPI.
El tribunal afirma que la visita de Al Bachir a Chad tuvo lugar pero no existen informaciones en los medios de comunicación de que haya viajado también a Libia.
Hoy mismo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, condenó que las autoridades de Chad no hayan detenido a Al Bachir.
"La alta representante está preocupada por la visita del presidente sudanés a Chad" en el contexto de una cumbre de la Comunidad de los Estados del Sahel y el Sahara (CEN-SAD), indicó el portavoz de Ashton, Michael Mann, en un comunicado.
La CPI emitió en marzo de 2009 y julio de 2010 sendas ordenes de detención contra Al Bachir.
La Corte investiga desde 2005, por orden del Consejo de Seguridad, el caso del conflicto de Darfur, que comenzó en enero de 2003, cuando dos grupos armados se rebelaron contra el Gobierno de Jartum por la situación de pobreza en la que se encontraba sumida esa región.
Desde entonces, unas 300.000 personas han perdido la vida y al menos dos millones y medio más se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según los organismos internacionales.
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