CPJ critica arrestos periodistas en OWS y medidas contra filtraciones en EEUU

Naciones Unidas, 14 feb.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) criticó hoy las medidas "drásticas" tomadas el año pasado por la Casa Blanca contra funcionarios que filtraron a la prensa documentos sensibles así como las detenciones de periodistas durante las protestas del movimiento Ocupa Wall Street (OWS).

Esas son las principales conclusiones del capítulo dedicado a Estados Unidos en "Ataques a la prensa", el informe anual del CPJ que fue presentado hoy en la sede de Naciones Unidas y en el que se señala que en 2012 hubo un aumento "sin precedentes" en el número de periodistas asesinados y encarcelados en todo el mundo.

La organización de defensa de la libertad de prensa recordó que un exoficial de la CIA se declaró culpable de filtrar la identidad de un agente encubierto, con lo cual, en la práctica, puso fin a la batalla jurídica de tres periodistas que luchaban contra citaciones del Gobierno para que declararan como testigos en el caso.

El director de Inteligencia Nacional anunció el año pasado nuevas reglas para frenar las filtraciones, mientras que el Senado debatió un proyecto de ley que restringiría todavía más la facultad de los funcionarios para compartir información de inteligencia con los medios de comunicación, según el CPJ.

En cuestiones relativas al acceso de los medios, la organización recuerda que un juez militar rechazó la solicitud de varios medios de transmitir el juicio que se realiza en la Base Naval de Guantánamo (Cuba) contra los sospechosos acusados del ataque al destructor USS Cole, ocurrido en 2000.

Además, varias organizaciones de medios apelaron la decisión de un tribunal militar de sellar documentos relacionados con el consejo de guerra contra el soldado Bradley Manning, quien fue acusado de filtrar documentos de carácter clasificado a la organización WikiLeaks.

El CPJ mencionó en concreto el caso de tres periodistas, James Risen, Ed Moloney y Ken Burns, que continuaron luchando contra citaciones del Gobierno que les obligarían a entregar trabajos periodísticos que no han sido publicados o declarar como testigos en investigaciones penales.

Asimismo, se hizo eco de la decisión de un juez federal de San Francisco de ordenar al FBI que pagara casi medio millón de dólares a un periodista por sus costos legales en relación con su solicitud de documentos públicos, de acuerdo con la organización Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP, por su sigla en inglés).

El periodista Seth Rosenfeld, que debió presentar una demanda en los tribunales para obligar a que se divulgara cierta información, solicitó documentos sobre los movimientos de protesta de los años sesenta en Berkeley (California), y sobre la relación entre el FBI y el expresidente Ronald Reagan.

Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas lamentó que el año pasado fueras detenidos varios profesionales de los medios mientras cubrían las protestas vinculadas al movimiento Ocupa Wall Street que se esparcieron por diferentes ciudades del país en los últimos doce meses.

La organización asegura que tres de los periodistas detenidos en esas protestas portaban acreditaciones de prensa pero no las que emite la policía, otros dos profesionales llevaban la autorización de la policía de San Francisco, pero no por la de Oakland, y otro reportero poseía una acreditación de la policía caducada.

En la mayoría de los casos contabilizados por el CPJ, los periodistas fueron detenidos por la policía después de que quedaran atrapados en los arrestos masivos de manifestantes que tuvieron lugar en enero de 2012 durante una protesta del movimiento Ocupa en Oakland (California).

Por último, el CPJ destacó que Estados Unidos alberga la mayor cantidad de periodistas exiliados del mundo, un total de 128, según datos de la organización, pero lamentó que aunque estos periodistas encuentran la seguridad en el exilio, solamente uno de cada cinco puede volver a ejercer la profesión.