Naciones Unidas, 14 feb.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) criticó hoy que el año pasado se intensificó el enfrentamiento entre el Gobierno argentino y los medios de comunicación, y lamentó que continuaran los ataques a la prensa por parte de la presidenta, Cristina Fernández.
Esas son las principales conclusiones del capítulo dedicado a Argentina en "Ataques a la prensa", el informe anual del CPJ que fue presentado hoy en la sede de Naciones Unidas y en el que se señala que en 2012 hubo un aumento "sin precedentes" en el número de periodistas asesinados y encarcelados en todo el mundo.
"El Gobierno continuó con la práctica de atacar e insultar a periodistas y ejecutivos vinculados a las dos principales empresas de medios del país, Clarín y La Nación, a veces mediante campañas de descrédito en programas de la televisión pública", afirmó el CPJ en su informe.
Asimismo, criticó que la presidenta Fernández siguiera el año pasado "ignorando" a la justicia y que continuara distribuyendo la publicidad oficial de "manera discriminatoria", doce meses en los que el Gobierno y las principales empresas de medios continuaron enfrascados en una "desgastante disputa".
Pese a un fallo de la Corte Suprema que ordenó un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial, la Casa Rosada continuó negándoles anuncios oficiales a los medios críticos de su gestión, mientras no escatimaba avisos en los medios que le brindaban una cobertura informativa favorable, según el CPJ.
La organización de defensa de la libertad de prensa, con sede en Nueva York, recordó que tanto la Corte Suprema como un tribunal de apelaciones federal le aplicaron una multa al Ejecutivo por incumplir ese fallo, ante lo cual dijo que "no mostró ninguna señal de que lo acataría".
A su vez, esos grupos de medios criticaron "incesantemente" al Gobierno y como resultado se creó un clima de "gran polarización", donde los medios dedicaron considerables espacios a descalificarse el uno al otro, y los ciudadanos quedaron privados de fuentes informativas "objetivas" sobre asuntos vitales de interés público.
Por otro lado, el informe recoge datos de la organización Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que documentó decenas de violaciones de la libertad de prensa en 21 provincias entre enero y agosto, desde amenazas, agresiones y ataques contra instalaciones de medios, a confiscación de equipos y obstrucción del trabajo periodístico.
El CPJ indicó que el número de casos por difamación ha disminuido significativamente desde noviembre de 2009, cuando el Congreso lo despenalizó en asuntos de interés público, según un informe del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE).
Desde entonces se pueden interponer demandas penales por calumnia e injurias si la parte acusadora argumenta que el asunto no involucra el interés público: en los 16 meses previos a esa reforma se interpusieron 885 querellas por calumnia e injuria, y en los 16 meses posteriores fueron 364, según el CPJ.
Por último, recordó que Clarín ha impugnado las disposiciones de la Ley de Medios de 2009, la cual prevé la desinversión de una cantidad significativa de activos, mientras que sus defensores argumentan que restringirá los monopolios y democratizará la propiedad de los medios.
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