Csi-f denuncia que el gobierno rompe el convenio con las aseguradoras sanitarias de los funcionarios

Las mutuas de funcionarios Muface, Mugeju (Justicia) e Isfas (personal militar), han decidido dar por concluido, de manera unilateral, el concierto vigente con las aseguradoras sanitarias privadas que dan asistencia a más de un millón de empleados públicos de toda España, medio millón de jubilados y sus familias, según informó este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
Esta decisión supone la ruptura del concierto, cuyo expediente de prórroga hasta 2014 se estaba ya tramitando por parte del Estado con las entidades de seguro.
El concierto firmado por ambas partes obligaba a Muface a subir la prima al menos un 1,5 por ciento, lo que daba seguridad al mantenimiento del modelo, "si bien este compromiso saltó hoy por los aires de manera sorpresiva", señaló en un comunicado CSI-F.
Esta decisión supone la redacción de un nuevo concierto, donde previsiblmente se congelará la prima actual. "Esta circunstancia supondrá un nuevo hándicap sobre el modelo Muface, afectado ya de por sí por la ausencia de nuevos funcionarios por la congelación de oferta de empleo público y el envejecimiento de la población atendida", destacó este sindicato de funcionarios.
En este sentido, CSI-F advierte de que se mantendrá "vigilante para que esta decisión no afecte a la calidad de la asistencia sanitaria ni suponga un nuevo recorte sobre las prestaciones que reciben los funcionarios".
Es más, exige la continuidad del concierto en los términos en los que estaba planteado, tal y como se comprometió por carta dirigida al sindicato el pasado 29 de abril.
En el presente ejercicio, el Gobierno ya recortó en un 22 por ciento las prestaciones a los funcionarios. De hecho, se suprimieron programas como ayudas a la dependencia, podología y termalismo social para mayores, programas de becas de estudio y residencia par mutualista o el programa para la adquisición de vivienda propia.
Además, las cuentas de Muface se han visto reducidas en más de mil millones de euros a lo largo de los últimos cinco años, entre 2009 y 2013, como consecuencia de las reducción de las aportaciones del Ministerio de Hacienda, la utilización del remanente de tesorería y la congelación de las ofertas de empleo público, lo que ha impedido la entrada de nuevos titulares y beneficiarios en el sistema. Esta situación, que puede comprometer a medio plazo el futuro de la mutualidad.