De la Vega dice que para recortar un 4% el gasto en personal de la Administración no hay que tocar sueldos

  • Madrid.- La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, dijo hoy que para conseguir reducir en un 4% el gasto de personal de la Administración no es necesario tocar los sueldos de los empleados públicos.

De la Vega informa de que el grupo de trabajo para reordenar la Administración ya funciona
De la Vega informa de que el grupo de trabajo para reordenar la Administración ya funciona

Madrid.- La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, dijo hoy que para conseguir reducir en un 4% el gasto de personal de la Administración no es necesario tocar los sueldos de los empleados públicos.

En una comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Fernández de la Vega hizo hincapié en que el Ejecutivo va a cumplir el compromiso alcanzado con los sindicatos en 2009 y que fija un alza salarial para 2010 del 0,3%.

Ante las dudas de los portavoces del PP Miguel Barrachina y de ERC-IU-ICV Gaspar Llamazares, afirmó que "claro que vamos a respetar el pacto en materia retributiva, porque el Gobierno cumple lo que firma".

Según explicó, no es contradictorio ni incompatible ajustar el gasto de la Administración con mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Al respecto, dijo que "hay muchas maneras" de poder aplicar el recorte del 4% y puso como ejemplo el que no se cubran las vacantes de jubilación "de aquí al 2013".

Sin embargo, no quiso concretar la forma en que se conseguirá, ya que se conocerá a "finales de marzo", indicó.

El mismo argumento utilizó para no dar detalles sobre el plan para racionalizar el sector público empresarial.

No obstante, aseguró: "lo vamos a cuantificar y van a salir bien las cuentas, porque ganarán la mayoría de los funcionarios y de los ciudadanos"

En este sentido, sostuvo que el Gobierno está trabajando en equipo y va a analizar "cuáles son las decisiones" que se toman en materia de altos cargos, consejeros y sus retribuciones, así como en fusiones o concentraciones "sin que atente a los derechos de los trabajadores".

Llamazares le replicó que la "actitud de un Gobierno en minoría debería ser otra" y avisó a la vicepresidenta de que "no pueden conjugar el triunfalismo sobre el Estado y el del ajuste, porque ustedes son los que han dramatizado el ajuste y han abierto la veda y siempre hay cazadores más voraces que ustedes".

Barrachina y Llamazares no fueron los únicos que pidieron más concreción a De la Vega, también Jordi Jané (de CiU) insistió en reclamar más datos.

Estos diputados, al igual que Emilio Olabarría (PNV) le recordaron a la vicepresidenta que el Congreso ha aprobado dos mandatos en los que insta al Gobierno a reducir en un 25% el número de altos cargos en la Administración y a suprimir tres ministerios (Igualdad, Vivienda y Educación).

La respuesta de De la Vega fue que el presidente es el que tiene la potestad constitucional de diseñar su Gobierno y además emplazó al PP a que gane las elecciones si quiere quitar carteras en el Ejecutivo.

La vicepresidenta también negó que La Moncloa tenga 600 asesores, cifra que rebajó a 143.

Por ello, pidió a los diputados presentes que "no disparen las cifras como si fueran proyectiles" y que acudan al registro central de empleados públicos para conocer su número exacto, así como el de altos cargos.

Debido a esta polémica sobre las cifras, aprovechó para defender la creación, la última semana de marzo, del Observatorio del Empleo Público.

"Es necesario que pongamos en común las cifras y hagamos un diagnóstico compartido de lo que necesitamos con los nuevos retos y de cara a las nuevas necesidades", argumentó la ministra.

En su discurso también hizo otros anuncios como el 23 de marzo el Gobierno convocará la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

La intención del Gobierno es implicar a todas las administraciones, en el desarrollo de actuaciones dirigidas a impulsar la carrera profesional y el sistema de retribuciones, a crear las mesas sectoriales de la sanidad, la educación, la justicia y las universidades, previstas en el acuerdo con los sindicatos de septiembre de 2009.

En su opinión, son temas de "especial trascendencia", por lo que advirtió de que "no es el momento de la política pequeña, tan atenta a las próximas elecciones que es incapaz de pensar en las próximas generaciones".

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