De la Vega informa de que el grupo de trabajo para reordenar la Administración ya funciona

Madrid.- La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que el grupo de trabajo que aplicará el plan de reordenación de recursos de la Administración ya está en marcha y que en la última semana de marzo se aprobará el decreto que creará el Observatorio del Empleo Público.

En la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, la también ministra de la Presidencia explicó que hay que seguir "racionalizando" las estructuras de la Administración, lo que implica "lograr el ajuste entre su tamaño y los fines que persigue".

La razón que dio es que en "tiempos difíciles" los que trabajan al servicio del interés general "debemos y queremos ser los primeros en dar ejemplo de responsabilidad y de austeridad".

Según afirmó, racionalizar supone adaptar la estructura de la administración y su organización a las exigencias y necesidades actuales del servicio público.

Esto conlleva, precisó, la reducción de altos cargos de la Administración General del Estado y un programa de racionalización del Sector Público Empresarial, que en ambos casos no detalló.

Los objetivos del segundo de los planes es reducir el número de empresas públicas, mediante un proceso de fusiones y concentraciones; el de sus cargos directivos y miembros del consejo de administración; y la revisión de sus retribuciones, dijo.

En este contexto, el Gobierno ha decidido limitar la tasa de reposición de los efectivos en un 10% y disminuir los costes de personal en un 4% hasta 2013, resaltó.

De la Vega también anunció que el próximo 23 de marzo convocará la Mesa General de la Negociación de las Administraciones Públicas para acordar mejoras en materia de carrera profesional y sistema de retribuciones de los empleados públicos, así como la creación de las mesas sectoriales de sanidad, educación, justicia y universidades, tal y como el Gobierno acordó con los sindicatos.

En cuanto a los acuerdos adoptados con los sindicatos, recordó que en septiembre de 2009 el Gobierno firmó con ellos un Acuerdo para la Función Pública que fija una subida salarial del 0,3% para 2010, en un "importante esfuerzo de austeridad y responsabilidad".

Este pacto con los sindicatos, indicó, es la "hoja de ruta" para avanzar en la modernización de la administración, ya que contiene unas cincuenta medidas.

De ellas afirmó que en la "última semana de junio estarán en marcha todas las iniciativas acordadas" y que en septiembre se iniciará la tramitación de la Ley de Función Pública.

Para sacarlas adelante algunas de ellas tendrán "cuerpo de ley, pero siempre deben tener alma de pacto".

Por ello, advirtió de que "no es el momento de la política pequeña, tan atenta a las próximas elecciones que es incapaz de pensar en las próximas generaciones".

Tampoco consideró que sea el momento "de pretender imponer condiciones", si no el de llegar al acuerdo, que "sencillamente es una necesidad y una responsabilidad", estimó.