Madrid, 14 dic.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha dicho hoy que no es nada partidario del copago en la administración de Justicia, mientras que el director del Observatorio de la Actividad de la Justicia, Enrique López, ha apostado por la extensión de las tasas judiciales.
En una mesa redonda sobre "Un nuevo modelo de justicia para una España en crisis", De Rosa ha rechazado el copago en la administración de justicia por considerar que supondría volver a pagar por un servicio público que "todos los ciudadanos ya estamos financiando con nuestros impuestos".
El vicepresidente del CGPJ ha planteado que el dinero que genera la propia actividad judicial a través de depósitos, consignaciones, tasas o multas se destine obligatoriamente a financiar la modernización de la administración de justicia.
De Rosa ha reclamado una financiación adecuada para prestar un servicio público de calidad en la administración de justicia, como existe en otros ámbitos como la sanidad o la educación.
Por su parte, Enrique López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha estimado que el coste de la administración de justicia debe distribuirse de manera más justa y razonable entre los ciudadanos.
"Es obvio que el Estado no puede prestar un derecho universal a la justicia gratuita y debe gestionar los recursos de una forma no solo justa, sino eficiente", ha opinado López.
Ha apostado por racionalizar el coste de la justicia, no sobre la base de limitar el acceso a los tribunales, sino sobre la base de conseguir que la justicia gratuita alcance a los pleitos sostenibles y no a caprichos o a abusos.
En su opinión, se puede incentivar la responsabilidad de los profesionales del turno de oficio, a la hora de calificar una pretensión como sostenible, primando económicamente la evitación del recurso.
Otro de los caminos a explorar es la extensión de las tasas judiciales que actualmente pagan las personas jurídicas a las personas físicas, como ocurre en Alemania y otros países europeos, ha apuntado.
La adopción de tasas no tiene porqué limitar el acceso a la justicia de quienes carecen de medios, según López, quien ha resaltado que las tasas tienen un papel racionalizador de los litigios y del gasto en justicia.
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