Debate nación. El psoe pide incrementar las penas por corrupción

El PSOE ha presentado una propuesta de resolución posterior al Debate sobre el Estado de la Nación en la que reclama un gran acuerdo de todos los partidos contra la corrupción, con medidas como el incremento de penas por ese tipo de delitos o la ampliación del plazo de prescripción previsto.
Son medidas que propone dentro de una reforma del Código Penal, junto con la revocación de las medidas tomadas por el Gobiernno para “favorecer el tratamiento penal” de quienes se acogieron a la amnistía fiscal, y la tipificación de los delitos de enriquecimiento injusto de autoridades y funcionarios públicos y relacionados con la financiación de partidos.
Los socialistas piden también modificar la ley que regula la concesión de indultos para evitar que puedan beneficiarse de su concesión “las autoridades que hayan participado en la comisión de un delito en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero”. Además, quieren que la ley obligue a motivar su concesión.
También reclaman atribuir a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos “para mejorar la eficacia y la homogeneidad de la respuesta punitiva a la corrupción política”, y modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer un procedimiento “preferente y sumario” en estos casos.
Los socialistas desgranan una serie de medidas aplicables a altos cargos de la Administración General del Estado y miembros de las cortes Generales. Por ejemplo, regular la publicación de las declaraciones tributarias que incluya la publicación íntegra de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de los datos fiscales sometidos y exentos de IRPF y de su declaración anual, con el único límite de los datos legalmente protegidos.
En este mismo punto incluyen la regulación de las declaraciones de bienes mediante un modelo único que refleje, como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y muebles cuyo valor supere los 2.500 euros y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales de los que sean titulares, con identificación del acreedor.
Finalmente, proponen regular la declaración de intereses y actividades de los cargos públicos, mediante el establecimiento de un modelo único que refleje, al menos, los cargos que ostentan de carácter institucional, de ejercicio de función pública, en partidos políticos, grupos parlamentarios o sindicatos, en cámaras o colegios profesionales, de representación en órganos colegiados directivos o consejos de administración de organismos o empresas, así como las actividades privadas, por cuenta ajena o propia.
El PSOE quiere que se precise si esa actividad se desarrolla para empresas o sociedades concesionarias, contratistas arrendatarias, o con participación en el sector público, y también incluir en la declaración los ingresos con cargo al sector público u otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos económicos.