Debate nación. Erc pide suprimir privilegios políticos y reducir el gasto suntuario de la administración

ERC ha presentado una propuesta de resolución posterior al Debate sobre el estado de la Nación en la que reclama al Gobierno “propuestas para la supresión de los privilegios políticos, para la reducción del gasto suntuario de la Administración General del Estado” y un proyecto de ley para regular los espacios y los medios públicos.
La propuesta es que esas propuestas se envíen después de que el Congreso de los Diputados haya podido estudiar un informe, que también se reclama al Gobierno para ser presentado en un plazo máximo de seis meses, con una serie de datos desglosados.
ERC quiere que el Gobierno detalle el número de coches oficiales en la Administración General del Estado y en las empresas y organismos públicos, los cargos que los usan y el gasto que supone cada uno de ellos.
También el número de tarjetas de crédito a disposición de cargos de la Administracion y empresas y organismos públicos, los cargos que la tienen a su disposición y los gastos efecturados con cargo a ellas en los últimos cinco años.
Asimismo, piden una relación desglosada por gasto de regalos, convites y ceremonias institucionales; otra de viajes oficiales y otra de gasto de campañas institucionales con cargo a los presupuestos de la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicos en los últimos cinco años.
ERC argumenta que “sorprende” el mantenimiento de “algunos privilegios” de los que disfrutan altos cargos de la Administración mientras se recortan gastos, algunos suntuarios o otros que vulneran derechos sociales y laborales de los ciudadanos.
Creen que los representantes políticos “deben ganar un sueldo digno por su trabajo y tener cubiertos los recursos y desplazamientos necesarios para el buen desarrollo del mismo, de la misma manera que debiera tenerlo cualquier otro trabajador. Pero los privilegios no deben ser pagados con dinero público”.
Enumeran en su iniciaitva algunos de esos “privilegios de la clase política” que han generado polémica, como el uso de medios oficiales para el transporte sin que se pueda justificar por razones de seguridad sino más bien de “comodidad”, o el pago de viajes de parlamentarios en clase preferente en vez de en turista.
Denuncian, en este sentido, que algunos parlamentarios han renunciado a los viajes en preferente, “pero la mayoría sigue manteniendo el privilegio, que no ha sido recortado”.
Incluyen también entre esos “privilegios” la reserva de espacios públicos para uso exclusivo de funcionarios o altos cargos de la Administración, o las pensiones vitalicias para algunos cargos públicos.
También enumeran algunos gastos que están “en la frontera de los privilegios” y que no están suficientemente controlados o justificados y que a menudo suponen “una fuente de abusos y de provecho personal de los cargos públicos, directa o indirectamente”, como el uso de tarjetas de crédito.