Decae la propuesta del PSOE para regular los servicios de atención al cliente

Madrid, 19 jun.- El Pleno del Congreso se ha opuesto hoy a la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que tenía como objetivo establecer los "parámetros mínimos obligatorios de calidad" de los servicios de atención al cliente de las empresas con más de 250 trabajadores.

A falta de la votación final, la mayoría del Pleno ha mostrado su rechazo a la iniciativa relativa al entender, en el caso del PP, que se trata de un "cortapega" del texto que registró el anterior Gobierno en las Cortes y, en el de los grupos nacionalistas, por considerar que invade competencias autonómicas.

La proposición de ley, que ha defendido la diputada del PSOE Pilar Grande, contemplaba la regulación de los servicios de atención al cliente de los sectores eléctricos, de transporte de viajeros, servicios postales, medios audiovisuales de acceso condicional y servicios de comunicaciones electrónicas.

Entre otras cosas, el texto, que apenas presenta variación con respecto al registrado por el Ejecutivo del PSOE, obligaba a las grandes empresas a tener un número de atención gratuito, así como a no dejar en espera más de un minuto a los usuarios y a responder a las reclamaciones en un plazo máximo de un mes.

Grande ha afirmado que la proposición de ley es "un buen texto" que se podía mejorar en el plazo de enmiendas y ha instado al Pleno a apoyar su toma en consideración porque cuando lo presentó el Gobierno ya estaba consensuado con los agentes implicados.

Sin embargo, la diputada del PP Andrea Fabra ha señalado que su grupo no votará a favor porque, ha dicho, es el mismo texto que el que elaboró el Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Leire Pajín y no tuvo en cuenta las observaciones del Consejo Económico y Social ni de las asociaciones de usuarios y consumidores.

Fabra ha considerado que es "absolutamente necesario" aprobar una ley de servicios de atención al cliente como la que ha anunciado la ministra de Sanidad, Ana Mato, sin dejar fuera los productos financieros y bancarios y que también recoja los nuevos hábitos de consumo de los usuarios.

La diputada de CiU Lourdes Ciuró se ha mostrado convencida de "la buena voluntad" del PSOE a la hora de presentar la iniciativa, si bien ha asegurado que votará en contra porque "atenta" contra las competencias de consumo que tienen transferidas las comunidades autónomas.

En el mismo sentido se ha pronunciado Emilio Olabarría, del PNV, quien ha dicho que la proposición "no es razonable" y "manifiestamente indefendible" porque "vulnera brutalmente" las competencias de las CCAA en esta materia.

Izquierda Plural y UPyD aunque han dicho que la iniciativa debe mejorarse han manifestado su intención de votar a favor.