Declaran en rebeldía a un ginecólogo de clínicas Morín imputado por abortos

Barcelona, 7 sep.- La Audiencia de Barcelona ha declarado en rebeldía a uno de los ginecólogos procesados por los abortos ilegales en las clínicas del doctor Morín de Barcelona, al no haberle podido localizar para citarlo al juicio, que comienza la próxima semana.

Según han informado fuentes judiciales, el procesado, que afronta una condena de cerca de 50 años de prisión, eludió la prisión bajo fianza y tenía la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, pero la Audiencia de Barcelona le levantó hace unos meses esa medida cautelar al estimar un recurso de su defensa.

Cuando se le ha cursado la citación para presentarse en el juicio, que se debe realizar de forma personal, la policía no ha podido localizarlo en el domicilio que constaba en el juzgado, por lo que se ha decretado su búsqueda y captura.

Al encontrarse todavía en paradero desconocido, la Audiencia de Barcelona ha acordado declarar en rebeldía al ginecólogo huido, pero ha mantenido para el próximo viernes el inicio de la vista oral contra el resto de imputados, que podrá celebrarse si el tribunal no acuerda lo contrario a petición de alguna de las partes.

El ginecólogo afronta una petición de 50 años de prisión acusado de practicar una quincena de abortos ilegales en las clínicas del doctor Carlos Morín, además de por los delitos de falsedad documental y asociación ilícita.

El macrojuicio por los abortos en las clínicas del doctor Morín, que afronta una petición fiscal de más de 300 años de cárcel, comenzará el viernes próximo en la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas que quieran plantear las partes antes del inicio de los interrogatorios.

El médico se sentará en el banquillo junto a su esposa y una decena de colaboradores, acusados de practicar un centenar de abortos ilegales en las clínicas Ginemedex, T.C.B y Emecé que tenía en Barcelona.

Según mantiene la Fiscalía, las clínicas del doctor Morín, de las que es socia su esposa, la enfermera María Luisa D., realizaban abortos a embarazadas que superaban las 22 semanas de gestación, tras lo que se alteraban las ecografías haciendo constar en las mismas una edad inferior del feto.

La acusación pública sostiene que entre los 101 abortos ilegales que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que se detectaron anomalías en el feto, así como otras que se encontraban en la semana 29, 28 o 27.

Las clínicas de Carlos Morín efectuaban presuntamente los abortos acogiéndose al primer supuesto legal de que el embarazo implicara un riesgo grave para la salud física y psíquica de la gestante, sin que las pacientes fueran visitadas por un psiquiatra, de manera que era personal del propio centro el que rellenaba de forma mendaz los tests para evaluar el estado mental de las mujeres.