La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el ex presidente argentino Carlos Menem al dictador argentino Jorge Videla, que gobernó de 1976 a 1980, y a su ministro de Economía José Martínez de Hoz, por considerar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, según ha informado el Centro de Información Judicial .
El tribunal ha argumentado en su sentencia que "el Estado tiene la obligación de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyan graves violaciones a los Derechos Humanos". A lo que ha añadido que los crímenes de lesa humanidad son considerados "imprescriptibles", por lo que sus responsables pueden ser procesados a pesar del paso del tiempo.
Con este fallo, el Supremo ratifica las sentencias emitidas anteriormente por otras instancias judiciales contra el ex dictador y su ex ministro de Economía por los secuestros del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto que fueron forzados a concretar operaciones con comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong.
Diversas organizaciones habían denunciado este hecho ante la Justicia argentina lo que dio lugar al ingreso en prisión en 1988 de Videla, Martínez de Hoz y del ex ministro de Interior del mismo periodo Albano Eduardo Harguindeguy de forma preventiva. El proceso quedó paralizado un año después cuando el ex presidente Menem emitió tres decretos del Poder Ejecutivo entre 1989 y 1990 para conceder el indulto al dictador y a su ministro de Economía.
Sin embargo, en junio de 2006 se reabrió el proceso debido a las denuncias presentadas por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre que ahora podrán seguir adelante con la causa gracias a esta sentencia del Supremo.
Videla, también juzgado por el presunto secuestro de 33 bebés
El fallo de la Corte no modifica la situación de Videla, condenado a cadena perpetua en 1985 por crímenes de lesa humanidad, después indultado por Menem y ahora detenido por un proceso de apropiación ilegal de bebés. Por el contrario, en el caso de Martínez de Hoz este dictamen jurídico podría derivar en un arresto, según han informado fuentes judiciales.
Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) fueron secuestradas, torturadas y asesinadas unas 30.000 personas, según denuncias de organismos de derechos humanos.
Videla y el ex dictador Reynaldo Bignone serán juzgados desde el próximo 20 de septiembre por la apropiación de 33 bebés durante el último Gobierno de facto en el país (1976-1983), en el marco de una causa conocida como "Plan sistemático de robo de bebés".
La causa fue instruida por el juez federal Norberto Oyaribe, quien el año pasado ordenó que Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura, cumpliera prisión preventiva en el penal de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, en vez de hacerlo en su domicilio.
Bignone, el último presidente del régimen militar, fue condenado la semana pasada a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en los denominados "años de plomo", que dejaron unos 30.000 desaparecidos.
El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, ha dicho que con el nuevo fallo de la Corte Suprema "cae finalmente la impunidad que rodeó durante décadas el accionar delictual del verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo" de 1976.
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