Defensor de Manning podrá denunciar a Gobierno EEUU por registro de ordenador

Washington, 29 mar.- Un juez ha dado luz verde para que un miembro de la plataforma de defensa del soldado Bradley Manning, acusado de filtrar miles de documentos clasificados a WikiLeaks, siga adelante con su demanda al Gobierno de Estados Unidos por la confiscación de su ordenador en un control fronterizo en 2010.

David House, uno de los fundadores de la red de apoyo a Manning sostiene que los agentes del Gobierno violaron sus derechos cuando al volver de unas vacaciones en México las autoridades confiscaron su ordenador portátil durante siete semanas y fue interrogado sobre sus creencias políticas en el aeropuerto O'Hare de Chicago.

La demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció que House fue registrado por su relación con la red de apoyo a Manning y fue un simple control fronterizo.

El gobierno había pedido a un juez que desestimara la demanda, en la que se indica que "los agentes interrogaron a House solo sobre su asociación con Manning, su trabajo sobre la red de apoyo, si había tenido algún contacto con WikiLeaks o si había contactado con alguien de WikiLeaks durante su viaje a México".

La juez de la Corte de Distrito de EE.UU. de Massachusetts, Denise Casper, se negó a desestimar la demanda de House, por lo que podrá seguir adelante con el proceso legal, según informó la Bradley Manning Support Network.

Casper determinó que el hecho de que "la búsqueda inicial y la incautación que se produjo en la frontera, no priva a House de sus derechos constitucionales de la Primera Enmienda, libertad de expresión, especialmente teniendo en cuenta las alegaciones en la queja de que fue elegido concretamente por su asociación con la Red de Apoyo".

El demandante también alude a la Cuarta Enmienda que hace referencia al derecho de las personas de tener protección contra pesquisas o confiscaciones "no razonables" de su persona, propiedad u otros efectos personales.

Además de su ordenador portátil, también se le confiscaron otros artículos electrónicos que contenían información interna de la Red de Apoyo a Manning y miembros de su organización.

"A pesar de las afirmaciones genéricas del Gobierno de que puede confiscar y registrar cualquier ordenador portátil, documentos o teléfonos sin ningún tipo de sospecha razonable, el tribunal dijo que el Gobierno no puede utilizar ese poder" para cuestionar las creencias políticas de un ciudadano, señaló Catherine Crump, abogada de ACLU.